Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo

El largo conflicto judicial entre el Estado y el Ayuntamiento de A Coruña por el futuro de la cárcel de A Coruña, que desde hace años languidece sin uso y en avanzado estado de deterioro ante la Torre de Hércules, tiene un nuevo campo de batalla: el Tribunal Supremo. Un Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial anularon el acuerdo original de 2005, por el que el Estado debía entregar el edificio al Concello a cambio de 1,2 millones de euros y una parcela, en la que actualmente se asienta el Centro de Inserción Social de Monte Alto. El Ayuntamiento no pagó el dinero, aunque sí llegó a entregar los terrenos, pero ahora la Justicia considera que el acuerdo era nulo: la parcela donde actualmente está el CIS era de dominio público, y por lo tanto, no se podría haber transmitido. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a este diario que el fallo de la Audiencia Provincial se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si aceptarlo, y, en caso de ser así, emitir una sentencia.

En paralelo, como ya publicó este diario, se están produciendo negociaciones que podrían permitir una solución consensuada, y las dos administraciones implicadas indican que hay posibilidad de diálogo. Fuentes del Ministerio de Hacienda rechazan evaluar los reveses judiciales hasta ahora y señalan que "desde el Gobierno no se entra a valorar las sentencias judiciales", pero indican que la sociedad pública que tiene la propiedad de la cárcel, la Siepse, "sigue abierta a mantener el diálogo con la entidad local en aras a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

"Las negociaciones siguen"

El Concello indica que no hay nada extraño en que el Estado haya recurrido al Supremo, pues se trata del "procedimiento habitual en casos como este", e insiste en que "las negociaciones siguen". El recurso judicial, para el Ayuntamiento, "no impide que cuando se llegue a un acuerdo se homologue judicialmente" y se dé así un fin negociado a la batalla judicial. La alcaldesa, Inés Rey, garantizó en junio la recuperación de la cárcel cuando haya sentencia firme.

Las raíces del conflicto tienen más de un siglo. En 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, el alcalde y militar Victoriano Suanzes cedió la finca al Estado para que se construyese una nueva prisión, que abrió en 1927. Funcionó durante décadas como cárcel, albergando tanto presos comunes como víctimas de la represión franquista, y también acogió actividades de inserción social hasta 2009. Desde entonces, permanece sin uso, salvo un periodo puntual en el que albergó actividades sociales, fue objeto de ocupación y se ha ido degradando.

En 2005 el exregidor Francisco Vázquez firmó un convenio para que la propiedad volviese al Ayuntamiento, pero tanto el PP, que accedió al Gobierno local en 2011, como Marea Atlántica, que lo hizo en 2015, se opusieron y llevaron el asunto a los tribunales. Consideraban que la cárcel debería revertir de manera gratuita en el Concello, propietario original de la finca, pero la Justicia falló en este caso en contra del Concello. En 2020, el Supremo dio la razón al Estado, y el nuevo Gobierno local del PSOE, que había heredado el pleito, empezó una negociación con el Estado. En 2022 acordó abonarle 2,3 millones, y afirmó que el Ejecutivo central había aceptado una rebaja de medio millón en los intereses acumulados. Pero, cuando llevó el asunto a pleno, en 2022, la oposición tumbó el acuerdo, que no incluía la reversión gratuita. PP, Marea Atlántica y BNG votaron en contra.

Petición de casi 15 millones

El proceso judicial que ahora va al Supremo fue iniciado por el Estado en 2014, y permaneció durante años sin novedades, mientras que desarrollaba el procedimiento iniciado en 2020 y las negociaciones. El Estado solicitaba que se cumpliese el convenio y recibir la suma pactada, más intereses. También pedía que se le abonasen los gastos de conservación del inmueble, que a mayo de 2023 se estimaron en más de un millón de euros. Si esto no se cumplía, pedía una indemnización de 14,8 millones, más intereses y gastos de conservación.

El juzgado de Primera Instancia declaró, en 2024, que los terrenos cedidos por el Concello eran de dominio público y por tanto "inalienables". El Ayuntamiento no podía entregarlos, lo que convierte el convenio en nulo, y por tanto, no se puede pedir su cumplimiento. El Estado apeló a la Audiencia Provincial y afirmó que no estaba acreditado que la finca que cedió el Concello fuese un bien de dominio público; también argumentó que la sentencia "no respecta los términos de lo convenido" e infringe los "principios básicos" de la vinculación de los contratos.

Este tribunal ratificó, hace pocos meses, que el contrato es nulo. La parcela municipal "es y sigue siendo un bien de dominio público, y, por lo tanto, inalienable", por lo que no podía ser objeto de contrato, ni se puede fundamentar en este ninguna reclamación. En este recurso, el Estado ya no pedía una compensación por la construcción del nuevo centro social, que fundamentaba su reclamación de 14,8 millones, pero sí los gastos de conservación, pero la Audiencia Provincial lo rechazó. El edificio pertenece a una sociedad estatal y "no ha salido de su patrimonio ni podrá hacerlo en virtud del contrato de permuta", por lo que a esta le corresponde "exclusivamente la responsabilidad de afrontar los gastos de conservación y vigilancia del edificio".

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