El Ayuntamiento de A Coruña pone en suspenso el proceso para arreglar la fachada de la Casa Escariz
La Fundación Piñeiro pidió una licencia de obras, pero el Gobierno local frena su tramitación hasta tener claro que no influye en su reclamación de la propiedad
Hay dos procedimientos judiciales abiertos entre el patronato y la Administración municipal

El edificio de la Casa Escariz, cuya titularidad disputa el Ayuntamiento a la Fundación Piñeiro Pose. / Víctor Echave
El Ayuntamiento reclama a la Fundación Piñeiro Pose la propiedad de la Casa Escariz de la plaza de Pontevedra y esta disputa por la titularidad, con dos procesos judiciales abiertos, pone en cuarentena la reforma del edificio. La Fundación, con la colaboración de SEA Arquitectos, prepara una rehabilitación «integral» del inmueble, que incluye renovar la fachada. Los promotores de la reforma han pedido licencia municipal para obras en el frente del edificio, pero el Concello ha frenado la tramitación del expediente. Quedará en suspenso hasta que tenga un informe de la asesoría municipal para estar seguro de cómo influiría en el procedimiento de recuperación de la casa, dado que una licencia la solicitan los propietarios y es precisamente la titularidad lo que está en disputa.
La comunicación del Ayuntamiento a los promotores de la obra, a la que ha tenido acceso este diario, señala que este documento es "necesario para la adecuada resolución del procedimiento", y es "preceptivo y determinante" para analizar las cuestiones jurídicas relacionadas con el expediente de licencia. El plazo legalmente establecido para dictar y notificar la resolución queda suspendido desde que se solicite hasta que se reciba, si bien la normativa a la que cifra afirma que la suspensión "no podrá exceder en ningún caso de tres meses" y que, en caso de no recibirse informe en este plazo, "proseguirá" la tramitación.
Reservas sobre la licencia
El Bloque presentó preguntas escritas al Gobierno local de A Coruña sobre la reforma prevista inmueble, inquiriendo sobre "si cabe conceder dicha licencia a una entidad con la que se disputa la titularidad del inmueble, hasta el punto de que podría llegar a acreditarse su condición de poseedora de mala fe de esos edificios". "¿Ha valorado el Gobierno local los efectos y consecuencias que de dicha concesión de la licencia podrían derivarse en relación con el proceso civil en trámite y la cuantificación de la liquidación posesoria de los inmuebles una vez resuelto dicho proceso?", preguntaron los nacionalistas, que consideran que la propiedad del inmueble corresponde al Ayuntamiento.
La postura de la fundación es totalmente contraria. La casa fue legada por Manuel Piñeiro Pose para financiar misas por su alma y socorrer a los enfermos del Hospital Municipal, una institución ya desaparecida, y la entidad señala que le corresponde la propiedad del inmueble en base a una Orden del Ministerio de la Gobernación de 1952 ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo de cuatro años después. En su opinión, "actuar de mala fe y en ningún caso con la diligencia debida" sería "impedir o inhibirse ante una degradación de un edificio catalogado" y no realizar obras. La fundación indica que destina los fondos a fines benéficos, y que desde 2015 "se ha apoyado económicamente por importe de más de un millón de euros a entidades coruñesas que ayudan directamente al ámbito sociosanitario vinculado a los pobres de la ciudad".
Lucha en los tribunales
El Concello inició hace años el proceso para recuperar la titularidad, y ha conseguido algunas victorias. El Ministerio de Justicia rechazó en 2023 la decisión de los albaceas del filántropo Manuel Piñeiro Pose, que también gestionan la fundación del mismo nombre, de inscribir la Casa Escariz a nombre de esta en el registro de la propiedad. Argumentó que la decisión “ha de ser adoptada en el orden jurisdiccional” para “la debida protección de eventuales terceros afectados e interesados en la sucesión”. Hay dos procedimientos judiciales abiertos entre Concello y fundación, y el año pasado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronunció sobre uno de ellos, validando un acuerdo municipal que había denunciado la fundación. El asunto se elevó al Tribunal Supremo.
La fundación argumenta que las disputas judiciales no tratan en sí mismas sobre la titularidad del inmueble. Una, señalan, trata de que se considere nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno Local "que ordenaba consignar una cantidad de dinero irrisoria" para que se entregasen los bienes al Ayuntamiento. El segundo, "trata precisamente de la consignación efectuada por el ente local municipal".
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