Lui Costas.A CoruñaEl Consejo de Estado reconoce que las obras del puerto exterior en punta Langosteira no respetan los controles previstos en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. El mismo informe que advierte de que las indemnizaciones que los marineros y mariscadores afectados por las obras serían ilegales, advierte del poco rigor mostrado en la ejecución de los trabajos desarrollados por la UTE que lidera la constructora Dragados, tal y como habían denunciado los colectivos de afectados y el BNG ante el Congreso de los Diputados."La evaluación y el estudio de impacto ambiental prevén que la Administración debe articular las medidas precisas para atemperar o aminorar los efectos socieconómicos de las grandes infraestructuras", dice el informe del Consejo de Estado. "En el caso presente (obras del puerto exterior) la observancia de la citada legislación (ambiental) no parece haber sido rigurosa", añade. El dictamen concluye sin embargo que por tratarse de un informe sobre responsabilidad patrimonial, el Consejo de Estado no prefiere no examinar el cumplimiento del artículo 2.1. de la Ley de Evaluación de Impacto AmbientalEl Consejo de Estado -máximo órgano consultivo de la Administración Pública- aprobó hace 20 días un informe solicitado por la Autoridad Portuaria para estudiar si el Estado debería considerarse responsable patrimonial del cese de la actividad de mariscadores y marineros en punta Langosteira con motivo de las obras e indemnizarles por ello. Para elaborar el dictamen, el Consejo encargó al Puerto la instrucción de un expediente en el que los afectados tuvieron oportunidad de presentar sus alegaciones. Los colectivos de damnificados alertaron entonces de que la obra carecía de un proyecto de vigilancia ambiental en la zona. Con el avance de los trabajos, y tal y como ayer recordó el portavoz de los afectados, Paulo Carril, las obras no sólo han eliminado una parte de la costa, sino que afectan a la calidad de las aguas de zonas próximas y generan lodos que alteran el medio marino. Los mariscadores ya habían llevado los problemas medioambientales de la obra de punta Langosteira al Parlamento, que aprobó una resolución a favor del sector pesquero en la que se solicitaba además la aprobación de un plan de control ambiental.El diputado del BNG en el Congreso presentó en 2006 una iniciativa similar a la aprobada en Santiago aprobada con el apoyo del PSOE y el PP y en la que se reclamaba que las obras se ejecutasen con "el menor impacto ambiental". En la sesión de la comisión de Fomento del Congreso, el diputado nacionalista recordó que desde que las obras comenzaron, en 2005, la agresión al medio marino en la zona fue "alarmante", con empleo de explosivos. Francisco Rodríguez aseguró entonces que los rellenos sobre el mar se realizaban "sin ningún tipo de protección".