El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella de la empresa DIS, que tenía parte de los derechos de Neymar de Silva, contra este jugador y el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del brasileño.
La querella se dirige también contra el Fútbol Club Barcelona, su expresidente Sandro Rosell, el padre de Neymar y su empresa N&N, el club brasileño Santos y sus exdirectivos Luis Álvaro de Oliveira y Odilio Rodríguez.
En el auto de admisión a trámite, el juez pide al Madrid, al Chelsea, al Bayern de Múnich y al Manchester City las ofertas que enviaron estos clubes entre 2009 y 2013 al Santos, a Neymar o a sus representantes, entre ellos su padre.
Sin embargo, atendiendo al criterio del fiscal, el magistrado entiende que "no es urgente y necesario por ahora citar a los querellados para tomarles declaración en calidad de imputados, sin perjuicio de que pueden personarse en las actuaciones".
El fondo de inversiones brasileño DIS ya intentó, sin éxito, personarse en la causa que instruía la Audiencia Nacional sobre el fichaje de Neymar, que se ha trasladado a los juzgados de Barcelona, y ahora ha presentado una nueva querella, porque se considera estafada por el fichaje.
Los delitos concretos por los que se querella contra esas seis personas, los dos clubes de fútbol y la empresa de Neymar son el de corrupción entre particulares y el de estafa en su modalidad de contrato simulado.
A DIS le correspondía un 40% del dinero que pagó el Barcelona al Santos por los derechos federativos del jugador, pero solo percibió ese porcentaje de los 17,1 millones que el club dijo haber abonado por el brasileño, cuando el fichaje le costó, según se desprende de las investigaciones de la Audiencia Nacional, un total de 83,3 millones.
Una parte de esa cifra, exactamente 40 de esos millones, los cobró Neymar por aceptar fichar por el Barça mediante un contrato simulado, un hecho que, según el juez, "podría haber alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas y perjudicado también al querellante" al no haber podido DIS percibir más dinero por ofertas de otros clubes, lo que se encuadraría en un delito de corrupción entre particulares.
El delito de estafa por simulación contractual sería por el resto de contratos falsos que sirvieron para pagar el sobrecoste que supuso adelantar un año el fichaje del jugador brasileño por el conjunto azulgrana, unos contratos que, según el juez de la Audiencia Nacional, "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad".
