El vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Padrón, salió ayer por tarde de la prisión de Soto del Real tras haber abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez del caso Soule con dinero prestado por el ex seleccionador nacional Javier Clemente.

Según explicó a los medios de comunicación tras salir del centro penitenciario en el que ingresó el pasado 20 de julio, Clemente tardó "cinco minutos" en depositar el dinero exigido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cuando Padrón se lo pidió.

También defendió la gestión "extraordinaria" que, a su juicio, se ha llevado a cabo en la Federación Española de Fútbol y puso la mano en el fuego por Ángel María Villar, presidente de la REFE suspendido cautelarmente por un año, y que también salió de la cárcel junto a su hijo Gorka por el mismo caso.

"El sumario se basa en indicios que no son sólidos", añadió Padrón, quien afirma tener pruebas para rebatir todas las acusaciones.

Se refirió al caso Soule como "el montaje de un desequilibrado mental que nos ha llevado al Watergate de la Federación" en referencia al expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal.

"Los votos no se compran, se ganan. Teníamos que tener muchísimo dinero para comprar a todos los que dicen que hemos comprado", sostuvo Padrón, para quien la labor que llevó a cabo en Canarias y en la RFEF "no tiene parangón".

Por último, el vicepresidente económico denunció las "torturas" que en su opinión tienen lugar en España. "Hay mucha clase de tortura -explicó- los tres primeros días que me sacaron de mi casa (cuando fue detenido por la Guardia Civil) no se los deseo a nadie".

Padrón abandonó la cárcel un día después de que lo hiciesen Villar y su hijo, que abonaron sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional les puso estas fianzas porque considera que no existe riesgo de fuga y "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción", al haberse practicado ya las diligencias "urgentes" de la causa, entre ellas la declaración de los principales imputados.

Una vez han quedado libertad, los tres tendrán la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a sus domicilios, deberán entregar el pasaporte y facilitar un teléfono móvil donde puedan estar localizables si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.