El Extremadura UD ha vuelto a levantar otro match-ball para su viabilidad. El club ha logrado sacar adelante y que sea respaldado por más del 65% del crédito necesario el nuevo convenio de pago a acreedores durante la celebración de la junta de acreedores de ayer miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz, donde se han vivido momentos de máxima tensión. Finalmente, el club de Almendralejo ha recabado un apoyo cercano al 70 por ciento para aprobar la opción número 1, que contempla el pago de la deuda a sus acreedores en un plazo de diez años, con un año de carencia y sin quita. El primer desembolso a los acreedores no se haría, de esta manera, hasta diciembre de 2022. Este era un paso obligatorio para evitar la liquidación del club y, por ende, la desaparición prematura del Extremadura UD.

Ahora hay un periodo de diez días para cualquier oposición al convenio por parte de acreedores que no votaron o por parte del propio administrador concursal, Bernardo Silva, que estuvo ayer en Badajoz con el presidente del Extremadura UD, Manuel Franganillo, y el abogado del club de Almendralejo, Leandro Izquierdo, siguiendo de cerca todo el proceso.

La junta se ha prolongado por más de cinco horas porque se han tenido que validar a través de certificaciones y llamadas telefónicas todos los votos telemáticos efectuados en el proceso de aprobación del convenio para quedar conformado el número total de votos válidos. Salvada esta primera bola de partido, el Extremadura UD necesita ahora dinero de manera urgente para pagar las nóminas de jugadores, empleados, cuerpo técnico y principales proveedores de los últimos meses, ponerse al día y evitar así que la huelga de los futbolistas, que afecta al partido ante el Dépor.