Miguel Otero, candidato a la presidencia del Dépor, acudirá a los tribunales si el consejo no pone fecha a la junta de accionistas, ya prometida por los rectores del club a pesar del informe negativo de la asesoría jurídica, en la que se elegirá un nuevo consejo de administración. "Convocarla sin fecha es como no convocarla", apuntó Julio Ransés Pérez Boga, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y mano derecha del ex presidente de la Federación de Peñas Deportivistas. "Me dolería tener que denunciar, pero si no queda más remedio, tendré que ir a los tribunales. Creemos que, a la vista de que la van a convocar, sería retrasar el proceso, pero que tengan cuidado", terciaba Miguel Otero justificando su decisión en la defensa del "pequeño accionista". El paso definitivo está en cuarentena y el propio Pérez Boga reconoce que si se pone fecha y hora, "ya ni se plantearía o se desistiría" de cualquier acción legal ya en marcha, que, a juicio de Otero, tendría visos de éxito asegurado: "Es impugnable 100% (el informe negativo)", asegura, mientras apunta: "Ellos reconocen que el juzgado nos daría la razón. Lo estudiamos, pero retrasaría el proceso".

Acompañados por el abogado Rafael Losada Aspiazu, rebatieron todos los reparos que puso la asesoría jurídica a la presentación de acciones y a los defectos de forma en la petición. Pérez Boga admitió que colocar la palabra 'elecciones' en la delegación de acciones para solicitar la junta obedeció a la intención de utilizar "un término coloquial y descriptivo" y también reconoció que pedir el cese del consejo sin que se eligiese de inmediato uno nuevo fue "una mera torpeza" y que ellos tampoco quieren esa "acefalia" que se produciría. Pero donde centraron sus quejas fue en la negativa a aceptar la fórmula de delegación. "¿Cómo puede decir que no están preparados si Tino ha sido presidente con este sistema?", se preguntaba Otero ante la imposibilidad puesta de manifiesto por la asesoría jurídica de autentificar las firmas de las acciones delegadas. "Así aprueba las cuentas y así aprobó la ampliación de capital", quien asegura que "ha servido para que 20 o 22 empresas pasen de controlar el 10 a tener el 25%". El club manifestó que había algunas delegaciones de menores de edad, otras tramitadas por WhatsApp e incluso existían un puñado repetidas. Otero insistió en que se tenían que haber detallado los errores. "No sé si hay pantallazos, lo desconozco. Sí hay algún caso que delegó por email, mientras no llega el correo ordinario; lo permite la ley. Pueden ser 50. No puedes tumbar once mil por cambiar las reglas del juego".

A pesar de formar parte activa de la búsqueda de delegación de acciones para la candidatura de Tino Fernández en 2013 y 2014, Otero dice desconocer los requisitos empleados entonces, cuando se exigió que "un notario" comprobase, "individualizadamente, la identidad y la capacidad jurídica y de obrar" de los accionistas, tal y como recoge el informe de Óscar Rama. Un baremo utilizado ahora para no atender su petición: "Confié en un cambio y apoyé la candidatura de Tino. En mi vida fui por la notaría. En el Tinobus no estaba el notario. No recuerdo ningún bar ni ningún sitio o de ningún accionista que delegara para ser Tino presidente ante notario. Lo desconozco". Por estas razones, Otero considera que "el club está secuestrado" y que todo forma parte "de una trama para desacreditar". Acusa al presidente de "prácticas mafiosas" y promete la junta "más transparente de la historia".