El conflicto abierto entre el club y el que fuera candidato a la presidencia y responsable de la Federación de Peñas, Miguel Otero, quedó ayer visto para sentencia tras la vista celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 2. Las dos partes se ratificaron en sus posturas en el que fue un episodio más del enfrentamiento que tiene su origen en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el pasado mes de julio que desembocó en la reelección del presidente deportivista, Tino Fernández, y su consejo de administración para un segundo mandato.

Otero, que se postuló a las elecciones pero no llegó a presentar oficialmente su candidatura, impugnó la asamblea antes incluso de su celebración después de que el club rechazara contabilizar las acciones que había reunido entre la masa social (más del 5% necesario, según sus cálculos) para forzar la celebración de los comicios.

Entendía el club, y lo mantuvo ayer en la vista, que los documentos no reunían todas las garantías después de que se detectase una "brecha de seguridad" y se tuviese constancia de que extractos del registro de accionistas circulaban entre el "entorno" de la candidatura de Miguel Otero. La asesoría jurídica decidió entonces que únicamente el modelo de delegación facilitado por el club serviría para acudir a una junta que de todos modos convocó.

Aquello ha estado en el origen del conflicto y sobre ello pivotaron buena parte de las intervenciones de ayer en la sala del Mercantil. Miguel Otero sostiene a través de su demanda que la fórmula para delegar acciones del club se modificó sin cambiar los estatutos y en contra de lo establecido en la ley de sociedades. Por este motivo, reclama al juzgado que se anule el resultado de los comicios que desembocaron en la reelección de Tino.

La postura del club es la misma que ya expuso la asesoría jurídica en verano para rechazar la convocatoria de la junta extraordinaria formulada por Otero. Óscar Rama, responsable de este departamento y quien ejerció la representación del club en la vista de ayer, insistió en que la demanda del que fuera presidente de las peñas y consejero del Lugo debe ser desestimada porque, aunque no se contabilizaron las acciones que había presentado, de igual manera el club decidió convocar la asamblea a pesar del delicado momento de la temporada en el que se encontraba la entidad por aquel entonces.

Rama, como ya había hecho en el informe con el que tumbó la petición de elecciones, insistió en que el orden del día planteado por Miguel Otero dejaba al club en una situación de "acefalia" y sin gobierno en un momento de máxima actividad por la apertura del mercado de verano. Para ello se apoyó en el testimonio del presidente y de varios empleados del club, que testificaron que solamente el máximo responsable de la entidad tiene los poderes administrativos necesarios para firmar las incorporaciones y las nóminas de los trabajadores.

La vista en el Juzgado de lo Mercantil, sin embargo, se centró en la decisión del club de desestimar las más de 8.000 acciones que Otero depositó ante notario para forzar la celebración de la junta. Aunque la asesoría jurídica recomendó entonces no atender la petición debido a que en un informe avisaba de que no era posible verificar la identidad de los accionistas en los documentos presentados por el expresidente de las peñas, el consejo de administración convocó la junta igualmente. Pero en ella únicamente sería válido el método de delegación del club. El abogado de Miguel Otero, Rafael Losada, defendió que ese procedimiento representa un acto de "deslealtad".

La representación del club, por su parte, aseguró que la decisión se adoptó para proteger los intereses de la entidad y argumentó que no se trató de una modificación en sí del método. El consejero Enrique Calvete, que compareció en calidad de testigo, manifestó que el mecanismo era "muy parecido" al que se había utilizado en otras juntas y también por el anterior consejo. Lo que sí se alteró, testificó, es que únicamente sería válido el documento remitido por el club frente a otro tipo de escritos. Tino Fernández, quien también fue citado para declarar, aseguró que ese método "no beneficia ni perjudica a nadie". Óscar Rama, sin embargo, fue más allá y en sus conclusiones subrayó que el sistema que impulsó el club solo penaliza a los que "quieren hacer trampas".

El método empleado fue objeto también de las preguntas de la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2, quien cuestionó tanto a Enrique Calvete como a Ransés Pérez Boga, quien colaboró con la candidatura de Otero, sobre si los accionistas se habían quejado por el cambio. En ambos casos la respuesta fue negativa.