El juez que juzga el presunto amaño del partido entre el Levante UD y el Real Zaragoza, en la temporada 2010-2011, ha rechazado las alegaciones de las defensas para tumbar el procedimiento judicial y continuará con el juicio, que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Así lo ha trasladado a las partes este miércoles en el arranque de la segunda sesión del juicio.
Las defensas solicitaron en la jornada de cuestiones previas de ayer la suspensión del juicio alegando que no se habían resulto recursos o no habían tenido acceso a determinada información incluida en el sumario.
Respecto a la "nulidad radical" que plantearon los acusados alegando que Javier Tebas, actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, utilizó la información que le dio un cliente de su despacho, cuya identidad se desconoce, el juez ha decidido resolver el asunto en sentencia. También resolverá en sentencia las dudas que trasladaron algunos de los acusados respecto a la posible prescripción del delito de falsedad que se juzga.
El juez sí ha aceptado la dispensa de los juzgadores y exdirectivos acusados para no asistir a las sesiones del juicio cuando no sea necesario. Muchos de los acusados juegan actualmente fuera de España y, para evitar perjuicios, se les dispensará de asistir al juicio en determinadas sesiones.
Además, el juez ha aceptado el informe estadístico que presentó la Liga en el que, por primera vez, se apunta con datos concretos al amaño en aquel encuentro, celebrado en 2011. El Informe Técnico de Análisis de Datos de Juego del Levante-Zaragoza, elaborado por Business Intelligence & Analytics de La Liga, recopila, analiza y compara los datos de este duelo con los obtenidos por ambos equipos esa temporada y, también, con partidos disputados desde 2006 «de idéntica naturaleza».
En el informe se asegura que los locales hicieron sus peores números y los visitantes, los mejores. Sin embargo, el juzgado ha rechazado que se reconozca a los autores de dicho informe como peritos independientes, pues trabajan para la Liga, según alegaron ayer las defensas.
La sesión de este miércoles se ha retomado con el interrogatorio en primer lugar de Fernando Saínz de Varanda, vicepresidente del Real Zaragoza, quien declara en calidad de representante del club, pues figura entre los acusados como persona jurídica .
Sáenz de Varanda, hijo del alcalde socialista de Zaragoza Ramón Saínz de Varanda y sobrino del empresario César Alierta, ha reconocido a preguntas del fiscal Pablo Ponce que era habitual que el club maño pagara las primas a los jugadores en efectivo. Incluso antes de que se celebrase el partido que está ahora bajo sospecha. "Se pactan primas, y dada la situación del club que llevaba sin pagar nada los últimos meses, y ante la poca confianza de los jugadores, se pacta una prima que se entrega previamente. Si no va bien lo devuelven", ha respondido.
A continuación, la Fiscalía Anticorrupción ha preguntado si el Real Zaragoza tenia algún sistema que impidiese "que una persona del club fuese por ahi con cantidades en efectivo". Saínz de Varanda ha reespondido que "el hecho de llevar en un maletín con 130.000 euros no es un delito. No veo donde está el problema de que una persona lleve dinero en efectivo. El dinero en efectivo no es un delito, otra cosa es que se lo hubiera llevado sin consentimiento", ha repetido. Según su declaración, era habitual pagar estos sobresueldos en sobres o maletines. "Pero eso no significa que sea dinero negro", ha puntualizado.
"¿Esto es posible en la actualidad, pagar estas grandes cantidades en efectivo?", ha preguntado el fiscal. "Por supuesto que sí. Procuramos pagar", ha admitido el representante del Real Zaragoza.
La Fiscalía se ha interesado por estos hechos porque la investigación policial detalla que en realidad ese dinero sirvió para pagar presuntos sobornos a los jugadores del Levante UD y así facilitar el juego del Real Zaragoza durante el encuentro. El conjunto maño ganó 1-2 y consiguió la permanencia. El resultado forzó el descenso del Deportivo de La Coruña.
Las penas
La petición de la Fiscalía para los 41 imputados (el 42 es el club aragonés) asciende a pena de prisión de 2 años e inhabilitación de 6 para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos para el ejercicio de industria o comercio, con una multa de casi 2 millones de euros (1,93 millones) a cada uno de los acusados.
Esa es la petición por el delito de fraude deportivo, mientras que la de falsedad en documento mercantil, que recae sobre el expresidente, Agapito Iglesias, y los entonces consejeros Javier Porquera y Francisco Checa, establece una pena de prisión de 2 años y multa de 9 meses con cuota diaria de 50 euros. Además, también solicita para el Real Zaragoza como institución una multa de 2 años con una cuota diaria de 1.000 euros.
