El Deportivo comenzó esta semana los trámites para la realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por motivos económicos, en primer lugar comunicando a sus casi cien empleados la apertura de ese procedimiento al que recurre debido a la crítica situación de sus cuentas, cerradas el curso pasado con unas pérdidas de nueve millones de euros. A todos les trasladó la puesta en marcha de este proceso colectivo de extinción de contratos que, fundamentalmente, tiene como objetivo desprenderse de varias fichas de futbolistas inasumibles otro año más en el tercer escalón del fútbol nacional. Si el club tiene que despedir jugadores, lo hará, pero con la seguridad de que esta medida no hará peligrar en ningún caso la continuidad de los diez refuerzos ya confirmados, ni la de los que están por llegar. En todo caso, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que los despidos colectivos afectarán a un mínimo de “diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien”, como ocurre con el Deportivo.

El club tiene vía libre para seguir sumando más novedades a las anunciadas —Ian Mackay, Diego Aguirre, Adrián Lapeña, Rafa de Vicente, Josep Calavera, Juan Carlos Menudo, Alberto Quiles, William de Camargo, Pablo Trigueros y Juergen Elitim—, ya que lo que prepara es una reestructuración de la plantilla deportiva, no una eliminación de puestos de trabajo. “Una empresa de otro tipo puede decir que continúa la actividad con solo dos empleados, y que prescinde de los demás, pero un equipo de fútbol no puede competir solo con dos jugadores”, ejemplifica el abogado especialista en derecho deportivo Rafael Alonso, del Bufete Alonso Martínez.

Se trata, al fin y al cabo, de confeccionar un plantel con salarios más acordes a la nueva situación del club, por lo que la ley asiste al Deportivo si tuviera que desprenderse de empleados, sobre todo jugadores, con contratos altos mediante despidos. En tal caso, la indemnización sería de “20 días por año trabajado también para los jugadores, como cualquier otro empleado”, si bien la empresa tiene la posibilidad de “pactar una cantidad superior, si quisiera”.

Diferente situación sería si la indemnización fuese por despido improcedente, porque el Real Decreto 1006/1985 establece una norma especial para deportistas, con 60 días de indemnización por año trabajado como mínimo, y hasta un máximo de todo lo que le faltase por cobrar. Sin embargo, teniendo en cuenta la crítica situación actual del Deportivo, considera Alonso que serían siempre despidos procedentes por motivos económicos, así que a todos los afectados le corresponderían esos 20 días por año trabajado y ninguna compensación por los años de contrato firmados y pendientes de cumplir.

Explorar esta vía permitiría al Deportivo, llegado el caso, ahorrarse unas cantidades enormes de las fichas de los jugadores a los que el club abrió la puerta de salida al término de la pasada campaña, pero con los que no ha sido capaz de llegar a acuerdos para que hicieran las maletas, en algún caso con vinculación hasta 2024, es decir, tres campañas más por delante. Celso Borges, concentrado con Costa Rica para disputar la Copa de Oro, Uche Agbo, Claudio Beauvue, Diego Rolan y Fede Cartabia son jugadores con contratos altos que no encajan en el nuevo proyecto en Primera RFEF.

Quince días para elegir una comisión representativa y otros treinta para el período de consultas


Una vez comunicado a todos los empleados del Deportivo el inicio de los trámites para realizar el ERE —notificado en un escrito firmado por el director general del club, David Villasuso— comienzan los plazos legales para avanzar en el proceso. Los casi cien trabajadores del Deportivo tienen ahora quince días, a contar desde el jueves, para elegir una comisión representativa que sea su voz durante el período de consultas. Si no se forma en esos quince días, la empresa podría comunicar a los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del período de consultas, que no puede tener una duración superior a 30 días naturales. Ese es el momento en el que la empresa explica a la comisión representativa cuáles han sido los criterios de selección de los trabajadores cuyos contratos se van a extinguir y los motivos. Las consultas pueden acabar antes de esos 30 días si se llega a un acuerdo, si las partes ven que las posturas están tan lejanas que es imposible llegar a un pacto, o bien si optan por acudir a un procedimiento de mediación o arbitraje. Con o sin acuerdo, una vez finalizados esos 30 días se comunicará a la autoridad laboral cuál ha sido el resultado de las consultas. Si hay acuerdo, se ejecutan los despidos tal y como se han pactado; y si no lo hay, la empresa comunica cuáles serán los despidos a pesar de la falta de entendimiento con los trabajadores. A continuación, la empresa informará individualmente a los afectados de los despidos y de las condiciones de los mismos. “Si no hay acuerdo, la empresa lo lleva adelante con tal de comunicarlo a la autoridad laboral y de que se cumplan esos requisitos en cuanto a las comunicaciones y los plazos”, explica Rafael Alonso. El abogado asegura que “no hay un filtro previo” que tenga que autorizar el ERE, siempre y cuando esté justificado, como lo está en el caso del Deportivo por motivos económicos. “Ejecutas unos despidos de jugadores y fichas otros porque tienes que tener jugadores para competir. Si alguien cree que entraña un fraude de ley o que se está pervirtiendo la finalidad del ERE, lo podrá impugnar en un juzgado, pero no hay un filtro previo. Simplemente ejecuto esto porque me lo permite la ley. Es cuestión de observar ciertos requisitos formales, como son la comunicación a todos los empleados, el período de consultas, la comunicación a la autoridad laboral y la comunicación individual a cada afectado”, añade el abogado del Bufete Alonso Martínez.