El clamor de las cajas R y Euskaltel lucen galones

Por una vez, las cajas han reaccionado con rapidez, un síntoma más de que la situación ha alcanzado el grado de alarma y el daño que se está infringiendo a estas entidades financieras es colosal, hasta el punto generar desconfianza en algunos casos, un mal especialmente dañino en estos momentos. Y todo por Caja Madrid y lo que allí ocurre, aunque la CECA aprovecha -y con razón- para recordar lo acontecido en la fallida fusión de las cajas vascas y la influencia de la política y los políticos en ellas.

El esperpento de Caja Madrid ha sido la puntilla para lo que representa la mitad del sistema bancario español y no es de extrañar que clamen por limitar la influencia política en las cajas, lo consideran perentorio. La cuestión es si establecer mayores salvaguardas puede evitar que situaciones como la de Caja Madrid se repitan. Limitar la presencia política de las cajas a un 25% máximo -como propone la CECA- es poco más que un parche. La cuestión, ahora, es cómo evitar que exista la más mínima intervención política en las Cajas.

Y parece que caminamos a su transformación en bancos con algunas peculiaridades como única salida posible y efectiva. Se conocería como la Reforma Aguirre porque a ella habría que agradecer que desparecieran estas centenarias instituciones de tan gran repercusión social. La realidad es que los tiempos cambian y lo de Aguirre sólo ha sido el catalizador, o ni eso, sólo la puntilla.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros se puso esta semana muy seria, tanto que emitió una declaración institucional y se dirige al Ejecutivo para que cambie la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA). Entre las consideraciones que hacen hay una trascendente y que acierta en la diana del problema. Quieren las cajas que se unifique el control y la supervisión, es decir que queden bajo el control de una autoridad única, igual que la banca. Quieren, en definitiva, que las controle y supervise, en todos los aspectos, el Banco de España.

Esa sería la única forma de escapar a la tiranía de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales. Aunque básicamente sería de los primeros junto a los parlamentos correspondientes por su capacidad legislativa.

Este ha sido uno de los movimientos descentralizadores excedidos y que ha provocado que cada autonomía tenga su propia ley de cajas, un sinsentido que puede llegar a afectar hasta a la unidad de mercado. La fuente del intervencionismo local es esa competencia, pero no es menos cierto que emana de una ley nacional, la LORCA, que establece la presencia de políticos en los órganos de dirección de las cajas y lo regula. Establece que la representación puede alcanzar un máximo del 50%.

Una barbaridad, como se ha demostrado. Pero ya se sabía porque las tentaciones intervencionistas han aparecido por doquier y que ese límite, sea cual sea su cuantía, no cierra las puertas al intervencionismo político. Es el propio intervencionismo el que está en cuestión. Hay que desterrarlo. Mientras alguien tenga en su mano los correspondientes "Boletines Oficiales" no se podrá desterrar el peligro.

Y ahora es la CECA la que propone un paso intermedio para evitar la desaparición de las cajas como tales, una postra lógica porque es una asociación de cajas.

Pero la eliminación del intervencionismo político sólo es posible si se somete a las cajas a una refundación como sociedades anónimas aunque buscando la fórmula para que no desaparezca la Obra Social, que eso sí sería una lástima. Además, se abriría definitivamente el corsé geográfico y eso justificaría estar bajo una autoridad única.

El asunto tiene suma importancia porque el inevitable y necesario proceso de concentración se está retrasando, cuando no limitando, por los poderes locales. Otro hecho que causa un daño claro a estas entidades.

Hacen valer el éxito de su modelo, sacan brillo a su doble faz de OMV y operadores de cable y, con los resultados en ristre, insisten en calentar una lucha en la que chocan sables Sebastián, Solbes y la CMT. Caixanova, la Xunta de Galicia y Ajuria Enea arriman el ascua a la sardina de R y Euskaltel y riegan las concesiones regionales de la cuarta generación de banda ancha móvil, esas mismas que aún no germinan en las macetas de Sebastián y que al Secretario de Estado Ros le gustaría arrancar de cuajo.

Lo hacen con mucho más que las aguas del compromiso entre PSOE y PNV para dar una licencia de telefonía móvil a Euskadi. R, con la bandera del liderazgo de rentabilidad entre todos los operadores en España; Euskaltel, con su fortaleza en cable y tv. Ambas, con la habilidad de su piel autonomista para driblar la tormenta del consumo en móvil, banda ancha y televisión en el mercado español.

R anhela un sitio en la trinchera abierta por las urgencias presupuestarias de Moncloa con las palas del PNV. Aunque en España y Latinoamérica todavía se están desplegando las tecnologías 3G (UMTS-Wcdma) y 3,5G (HSDPA), la industria ya tiene puestos los ojos en el siguiente paso, el 4G.

Caixanova se aferra a las urgencias presupuestarias de Pedro Solbes y R a la bandera de la "patria chica" de José Blanco. La solvencia con la que le adquirió a Fenosa el 35,4% por 150 millones de euros no sólo habla de la soltura económica de Caixanova, también de que las pretensiones de Julio Fernández Gayoso pasan por mimar su apuesta estratégica en el tejido industrial y el 66,5% en la operadora, que tiene mucho que ver con un beneficio neto de 190 millones de euros al cierre de 2008, el 15,2% más que en 2007.

R mantiene su cuota de cable, a pesar de sus piruetas en la guerra de precios; se acaba de lanzar a una oferta de conexión a internet que elevará hasta 100 megas la capacidad de acceso a la red. No oculta sus aspiraciones a llegar al 60% de la población gallega en los próximos años (a pesar de la orografía y la dispersión poblacional del territorio) y a intentar "operar con tecnología radio si consigue alguna de las nuevas licencias". Y no se resiente del lanzamiento de su línea de telefonía móvil, móbil R, a pesar de que tendrá una contribución negativa durante los primeros años de explotación.

Por eso, junto a Telecable y Euskaltel se miran en el espejo del adsl británico y se aferran a la fragmentación regional del espectro de la telefonía prometida por el pacto PNV-PSOE. No sólo sería la puerta a una rebaja de alquiler de redes; les permitiría tocar con las dos manos un mercado hasta ahora distante, entregarse a la convergencia, sacarle brillo a los galones de operadores integrados (capaces de dar teléfono fijo y móvil, acceso a internet y televisión en un sólo paquete). Y hacerlo en exclusiva, sin pasar por el peaje de ninguna de las cuatro grandes operadoras móviles nacionales. Serían mucho más competitivos, sobre todo en el mercado empresarial, donde sus precios móviles compiten difícilmente con las ofertas de Movistar, Vodafone y Orange. Y les abriría la puerta -gracias a la llave de su accionariado y su ascendente político- a una mejor cobertura rural, a mayor gloria de la Xunta de Galicia y Ajuria Enea.