Los representantes municipales están agitados y cada día que pasa presionan con más intensidad y énfasis al Gobierno central y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que se incremente el fondo local de 5.000 millones previsto para 2010 en otros 3.000 millones de euros, hasta igualarlo con la cantidad recibida en 2009. No es mucho pero puede significar la diferencia entre la suspensión de pagos y la quiebra. Ya se sabe que un organismo público no puede quebrar pero lo cierto es que para el próximo año no van a ser pocos los ayuntamientos que estén en una situación peor que la de no poder pagar y poco va a faltar para que pidan derramas a los vecinos. Como tampoco es cuestión de exagerar, dejémoslo en que van a tener que acosar a la parroquia con impuestos, no queda otra solución.
Estos 3.000 millones mencionados son los que van a recibir de menos como consecuencia directa del recorte presupuestario que el Estado va a asignar a los municipios en 2010. Las estimaciones que barajan por ahora los alcaldes cifran esta caída entre un 17 y un 20%. Esos 3.000 millones menos, que se deben a que el Estado fija sus aportaciones en función de la recaudación del IRPF, IVA e Impuestos Especiales, que en los últimos ejercicios han caído seriamente.
Además, los municipios se enfrentan a la necesidad de tener que devolverle dinero al propio Estado, ya que perciben su aportación en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. En el caso de la liquidación de las cuentas de 2008, que se liquidarán ahora, se están encontrando con un balance negativo porque se ha ingresado menos por impuestos que en 2007.
Ante este panorama, los ayuntamientos quieren que las comunidades autónomas se sienten y discutan de una vez por todas las compensaciones por la financiación de competencias que asumen los ayuntamientos y el pago de la deuda contraída por el Estado y las comunidades, a través de los presupuestos regionales.
La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en su reunión del martes de la semana pasada, encabezada por su presidente, Pedro Castro, ha solicitado fecha para reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que cuando modifiquen en septiembre la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas incluyan la obligación de las mismas de "garantizar la participación de los gobiernos locales en sus ingresos tributarios, como recoge el artículo 142 de la Constitución.
La ofensiva también abarca reunirse con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para que reclame a las autonomías y que cumplan sus obligaciones económicas.
Mientras tanto, los ayuntamientos, que han subido los impuestos municipales para este ejercicio y se plantean masivamente hacerlo para el próximo, buscan soluciones para hacer frente al pago de los mismos.
Así, por ejemplo en el municipio de San Vicente dels Horts, que era el segundo municipio más endeudado de España, después de Marbella, y el más endeudado de Cataluña, se vieron en la tesitura de tener que elevar impuestos y tasas municipales que hacía años que no habían sido actualizadas. Esta subida venía obligada como consecuencia del plan de reflotamiento pactado con la Generalitat de Cataluña.
Las subidas impositivas, que supusieron enfrentamientos con representantes de la oposición municipal, fueron finalmente pactadas con vecinos y comerciantes de la población, y se ha creado una política social para que puedan pagarse a plazos tanto los impuestos municipales como las tasas.
Es una forma de percibir los ingresos previstos evitando la movilización de los vecinos, principalmente en los pueblos más afectados por el paro.
Pero el aplazamiento del nuevo sistema de financiación para las corporaciones locales augura un nuevo incremento en sus presupuestos de 2010, que será mayoritariamente debatido a finales de año, con lo que muchos vecinos no van a estar de acuerdo, una vez que les lleguen los recibos de 2009. Todo indica que habrá un otoño caliente en buena parte del país.
Las protestas vecinales ya se han producido en muchos pueblos turísticos contra la subida de impuestos, fundamentalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), impuesto de circulación, de acceso a los garajes, del alcantarillado, etc., cuyos recibos se están recibiendo para su pago.
Estepona (Málaga), Noja (Cantabria), Castro Urdiales (Cantabria) Deleitosa (Cáceres), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Mazagón (Murcia) o Alcalá de Henares (Madrid) han sido los primeros en quejarse en la calle por las subidas impositivas que en algunos lugares alcanzan el 90% de incremento de la base tributaria y en otros han desaparecido las subvenciones que los municipios habían aprobado para que las subidas, desproporcionadas, no afectasen a los vecinos empadronados sino sólo a los forasteros.
Las mayores tensiones se han vivido en Noja, que tuvo que ser tomada por la Guardia Civil para evitar que el cabreo de los veraneantes llegase a mayores, y en Sant Vicenç dels Horts.
Sobre estas manifestaciones sobrevuela el recuerdo de Cangas del Morrazo en 1999, donde los vecinos obligaron al alcalde, Lois Pena, a presentar la dimisión como consecuencia de la subida del IBI que su corporación había aprobado para aquel ejercicio. La Guardia Civil y la policía ocuparon varias veces el pueblo ante la virulencia que alcanzaron las manifestaciones e, incluso, los vecinos llegaron a protagonizar una batalla campal con la policía.
En las manifestaciones, los vecinos se quejan de que en sus respectivas poblaciones se están pagando por la titularidad de las viviendas más impuestos que se pagan en las capitales de sus respectivas provincias e, incluso en algunas poblaciones como Noja o Deleitosa, se denuncian que pagan más IBI incluso que en Madrid.
En estas primeras poblaciones, junto al derroche municipal, las acusaciones más generalizadas van lanzadas a que los partidos políticos han ido colocando a lo largo de los años una ingente cantidad de trabajadores entre sus respectivas militancias o afines que hace imposible que en la actualidad puedan mantener las nóminas salvo que se dejen de atender parte o todos los servicios.
En casi todos los municipios, casi sin excepción, la respuesta de los partidos políticos es la misma, los que están en el gobierno de la corporación tratan de justificar las subidas, mientras que los que se encuentran en la oposición quieren ponerse a la cabeza de la manifestación vecinal y acusan de derroche a los ediles.
En Castro Urdiales, por ejemplo, el secretario general del PSOE, Daniel Rivas, denuncia estos días que en el pleno en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales para 2009, el portavoz del PP, José Miguel Rodríguez, aseguró que la subida del 9,9% en el IBI iba a tener una subvención del 6% para los empadronados, hasta reducirse al 3,9, cosa que no se ha visto reflejada en los recibos distribuidos en agosto. El cabreo de los vecinos empadronados es monumental. Esta situación también ha empezado a darse en Estepona.
En Noja, mientras tanto, son los miles de forasteros que durante estos meses llenan la localidad quienes están mezclando descanso en la playa con las concentraciones de protesta contra las subidas de impuestos. Aunque la decisión se tomó el pasado 31 de diciembre, los veraneantes se han enterado con el reparto de recibos en agosto, justo cuando están en el término municipal.
Empresas sostenibles
Ante la certeza de que una empresa sostenible y limpia es una inversión de cara al futuro del planeta, la última investigación de la organización británica EIRIS, de la mano de expertos en inversión socialmente responsable, ha analizado a 300 de las empresas más grandes del mundo -cinco de ellas españolas- para examinar las mejoras que han llevado a cabo en el último año en respuesta a los desafíos del cambio climático.
El documento, titulado Climate Change Compass: The road to Copenhague (La brújula del cambio climático: el camino a Copenhague), analiza a las 300 mayores empresas del índice FTSE All World (entre ellas, cinco empresas españolas) y destaca que más de un tercio de éstas no están abordando los riesgos a los que se enfrentan a causa del cambio climático. A pesar de ello, la calidad de la gestión como respuesta al cambio climático por parte de las empresas ha mejorado en términos generales.
Las conclusiones del informe revelan que más de de un tercio de las 300 empresas (el 35,6%) tiene un impacto sobre el cambio climático alto o muy alto. De estas, un 33% no están mitigando adecuadamente sus riesgos frente al cambio climático (algo menos que el 34% de 2008). Además, el 99% de las empresas con un impacto alto o muy alto sobre el cambio climático tiene un compromiso corporativo de cambio climático (en comparación con el 84% de 2008). Esta mejora puede explicarse por el número de factores que están entrando en juego, incluyendo las crecientes exigencias de los inversores.
Por último, casi tres de cada cuatro empresas (un 73% comparado con el 61% del año pasado) han ampliado sus políticas para hacer referencia a los objetivos internacionales, las regulaciones o imperativos científicos. Los expertos recuerdan que el cambio climático no sólo tiene repercusiones a nivel físico, también puede afectar seriamente al valor accionarial, especialmente a medio y largo plazo. Mientras aumentan los impactos económicos y físicos del cambio climático, los inversores necesitan comprender el alcance y las consecuencias de las respuestas que están adoptando las empresas.
