El grupo textil Caramelo evitó ayer dar garantías del mantenimiento del empleo a medio plazo en la factoría de A Grela. En la primera reunión entre la dirección de la compañía y el comité de empresa tras la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 237 trabajadores -234 bajas voluntarias y tres forzosas- los responsables de las finanzas del grupo dieron pocas pistas sobre el futuro inmediato de la factoría de A Grela.
El comité de empresa reclamó a la dirección que garantizase los puestos de trabajo para los 205 trabajadores que continuarán en la compañía tras el ERE durante un plazo de al menos tres años. Caramelo reconoció que le resulta imposible firmar un compromiso a tan largo plazo pese a que estaba incluida en la propuesta que los trabajadores apoyaron en el referéndum del pasado 3 de agosto. "La empresa deberá asumir compromisos en cuanto a la estabilidad futura de los trabajadores, comprometiéndose a mantener el número de empleados en la empresa (salvo bajas voluntarias o vegetativas) por un plazo determinado de tiempo", dice el punto 6 de la propuesta negociada el 23 de julio y sometida a referéndum el 3 de agosto.
Fuentes de Caramelo añadieron que el accionista mayoritario, Manuel Jove, tiene voluntad de mantener la actividad en la factoría, aunque la situación financiera de la compañía es tan o más complicada que antes de plantear el ERE, lo que hace difícil dar garantías a largo plazo.
Durante la reunión con el comité de empresa, el director adjunto, José Ángel Martín Borregón, tampoco quiso adelantar si la compañía solicitará la declaración del concurso de acreedores el próximo día 12. El Gobierno modificó la ley concursal para evitar la saturación de los juzgados y estableció una fase previa a la suspensión de pagos -de un máximo de tres meses de duración- que permite a las empresas llegar a un acuerdo con los acreedores antes de formalizar la declaración de insolvencia ante el juzgado. Jove abrió esa fase pre-concursal el pasado 12 de junio, cuando declaró ante el juez que Caramelo acumulaba unas pérdidas de 60 millones de euros.
Martín Borregón detalló que la decisión de recurrir a la suspensión de pagos compete al consejo de administración -del que forma parte la Xunta-, pero sí aseguró que si opta por esta solución, Caramelo garantizará el empleo a sus trabajadores durante el tiempo que dure el concurso.
Caramelo despidió hasta ayer a unos 190 empleados y confía en cerrar esta semana con 232 despidos para tramitar otros tres en septiembre y aplazar los dos últimos hasta noviembre. El retraso de estas dos últimas bajas se debe a que los trabajadores afectados cumplirán en estos meses los 55 años, con lo que entrarán en un convenio especial para mayores de 55 que la empresa está obligada a financiar y abonar las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que cumplan 61 años.
La dirección confirmó la retirada de las denuncias contra las personas a las que acusó de causar destrozos en la fábrica en los incidentes del pasado 11 de junio y aclaró que tras la deslocalización de la producción a China y Turquía, se mantendrán en la fábrica las secciones de prototipos, control de calidad, planchado de acabados y logística, aunque todavía no ha decidido si mantendrán la sección de corte, por lo que se negó a facilitar datos sobre cómo aplicará la movilidad funcional y la flexibilidad horaria comprendidas en el plan de viabilidad de la factoría. La CIG -sindicato mayoritario en el comité de empresa- da por hecho que la empresa evita dar toda la información de la que dispone al comité, pese al compromiso que adquirió en la resolución votada en un referéndum que la CIG considera ilegal. "La planificación tiene que estar clara desde que plantearon el ERE para 237 trabajadores", se quejó la responsable comarcal de CIG-textil, Dores Martínez.
