Carlos Mantilla, político y economista, fue ponente en la tramitación de la Ley Concursal.

-¿Cuál es el principal propósito de la Ley Concursal?

-Su principal objetivo es el de mantener las empresas en el caso de que tengan problemas serios, para que puedan superarlos sin tener que dejar su actividad.

-A la vista de las reducciones en el número de concursos de acreedores, ¿se puede decir que es una ley que funciona?

-Estas cifras pueden interpretarse de muchas maneras. Pero si tenemos en cuenta que el objetivo de la Ley es el de garantizar la continuidad de las empresas, esto no se está haciendo.

-¿Cuál es el principal problema?

-La suspensión de pagos sigue siendo un término muy duro para las empresas. Muchas recurren al concurso cuando ya es muy tarde, por lo que un elevado número de sociedades no lo superan; acaban en liquidación o a una situación de inactividad. Por eso es una ley que no se está utilizando bien.

-¿Qué habría que cambiar?

-Se está intentando hacer una modificación. Esperemos que no la carguen de una excesiva seguridad jurídica, que da lugar a que se tarde mucho en solucionar los problemas. Se buscaba que la ley no fuese cara y que fuese rápida. Pero tal y como está estructurada, en estos momentos no es posible ser ágil. Los procesos se ralentizan.

-¿Todas las empresas y emprendedores que pasen por un momento difícil tienen que declararse en concurso de acreedores?

-No. Y si la situación es muy difícil, existen otros métodos. Existe lo que podemos llamar preconcurso, una figura importante -más barata y menos engorrosa- que no se está usando. Con ella la empresa puede buscar una solución con los acreedores, bien mediante una quita o una espera, sin tener que recurrir a un concurso de acreedores. El juez da un período de tres meses para que el empresario intente solventar el problema. Y si no, se va a concurso. Pero para esto hay que ser rápidos, no dormirse ni intentar resistir hasta que ya no haya solución.

-¿Y qué pasa con las familias declaradas en quiebra?

-El uso de los concursos de acreedores en las familias es una barbaridad; sólo funciona en determinadas situaciones. Con el tiempo se irá mejorando, pero ahora no sirven para nada. Es una ley pensada para las empresas, grande o pequeñas. La mejor alternativa para las familias es negociar con el banco.