El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, confirmó ayer que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema laboral más basado en las políticas activas de empleo y que penalice a los parados que no hagan cursos de formación o rechacen ofertas de empleo con la retirada de la prestación. "En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, este comportamiento podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Corbacho recordó que la actual legislación ya incluye una serie de sanciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se niegan a cumplir los requisitos, aunque el Gobierno entiende que hay que caminar hacia un mayor peso de las políticas activas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral. De hecho, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a atender a los cursos o actividades de inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionados.

Hasta ahora los parados que perciben una prestación contributiva tienen que acudir a las ofertas de empleo desde el primer momento mientras que en el caso de los cursos de formación o itinerarios de inserción laboral el desempleado puede rechazarlos durante los 100 primeros días sin que conlleve sanción. Pasados esos 100 días sí tienen la obligación de aceptarlos. La diferencia con la nueva propuesta es que el Ministerio de Trabajo sancionará desde el primer día la negativa a realizar los cursos de formación.

Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el parado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no ha gustado nada a los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los desempleados no pasa por sancionarles, sino por aumentar la inversión en políticas activas de empleo para adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo.

Mientras, el Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga por seis meses de la ayuda de 426 euros mensuales a los parados que hayan agotado sus prestaciones y carezcan de ingresos suficientes, aunque con algunas novedades procedentes de la resolución aprobada por el Congreso el pasado 20 de julio. Corbacho explicó que de la prórroga de esta ayuda se podrán beneficiar los menores de 30 años, los mayores de 45 y aquellos con edades comprendidas entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares. Las dos fases anteriores de esta ayuda iban dirigidas a todos los desempleados menores de 65 años.

Es la segunda vez que el Gobierno decide dar continuidad a esta ayuda, denominada Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) y el coste de esta nueva prórroga, que abarcará desde el 16 de agosto de este año hasta el 15 de febrero de 2011, ambos inclusive, será de 420 millones de euros y el número de beneficiarios potenciales alcanza los 219.000, según precisó el ministro de Trabajo.

Para acceder a esta ayuda, los parados que cumplan con los criterios de edad mencionados anteriormente tendrán que haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o no contributivo y adquirir el compromiso de participar en itinerarios de inserción para favorecer su vuelta al mercado laboral. De hecho, Corbacho destacó que el objetivo del Prodi no es que los parados cobren los 426 euros, sino que vuelvan al mercado laboral "lo antes posible". De ahí, que la percepción de la ayuda se vincule a un compromiso de actividad e inserción y a la disposición a participar en itinerarios laborales.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aplaudió la decisión del Gobierno, aunque le recordó que a los desempleados "les viene mejor un empleo", por lo que pidió al Ejecutivo que dedique todos sus esfuerzos a crearlo.

UGT también se mostró satisfecho con la decisión porque considera que la prórroga era "urgente y necesaria" por los efectos de la crisis y recordó que el 16 de julio, junto a CCOO, demandó que se incluyera entre los beneficiarios del Prodi a más colectivos, como demandantes de empleo que agotasen la renta agraria, el subsidio agrario o la renta activa de inserción.

Para los sindicatos, estas personas se encuentran "totalmente desprotegidas", lo que supone un agravio comparativo en relación con el resto de beneficiarios.