Los partidos pactan un mayor control sobre la formación y los subsidios de los parados

El Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos favorables del PSOE, la Entesa y el Grupo Mixto, los votos en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV. El PSOE llegó con tres enmiendas transaccionales pactadas con todos los grupos, entre las que destaca la rebaja de 100 a 30 días del plazo para que los parados puedan rechazar los cursos de formación sin ser sancionados. Incluso el PP se sumó a esta iniciativa, por considerar que sirve para controlar el fraude en las prestaciones al paro, pero lo hizo a cambio de que el texto incluyera que la formación se adecue al perfil profesional de los desempleados.

El proyecto ley de la reforma laboral volverá al Congreso el próximo día 9 para someterse de nuevo a votación, al haber sido enmendado en el Senado.

El PP apoyó también una enmienda del PNV que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado "idéntica actividad y en el mismo puesto" con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más. En la legislación actual la única condición es que encadene tres contratos.

Los nacionalistas vascos también consiguieron eliminar como causa legal de despido que el absentismo laboral global de una empresa llegue al 2,5%. Ahora se valorará si el empleado falta el 20% de su jornada hábil en dos meses consecutivos.

En contra de lo ocurrido en el trámite del Congreso, las razones del despido objetivo indemnizado con 20 días no se debatieron, ante la negativa del PSOE de pactar con CiU un cambio en las causas económicas con el que los catalanes pretendían precisar el texto. Lo único que consiguió CiU al respecto fue una "corrección lingüística", aceptada por el letrado de la Comisión, por la que se cambió una coma por un punto y coma, que -a juicio del senador de ese grupo Jordi Casas- "facilita" a los empresarios el despido por esta causa y a los jueces su interpretación.

De esta forma, el texto ahora dice que concurren causas económicas para el despido cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos".

Frente a estas medidas, el BNG consiguió introducir, con el apoyo del PP y la oposición del PSOE, una mejora para que en caso de desempleo parcial, el paro cobrado se calcule por horas y no por días, de forma que el porcentaje consumido de la prestación sea equivalente al de reducción de jornada realizada.

Todos los grupos apoyaron que se eleve de un mes a dos el plazo en el que es obligatorio cubrir la extinción de contratos fijos para las empresas que estén acogidas a bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social por la contratación indefinida.

En cuanto a la intermediación laboral, el PSOE aceptó incluir que ésta tenga consideración de "servicio de carácter público" con independencia de que el agente que la realice sean los servicios públicos de empleo o las empresas de trabajo temporal.

El PSOE logró que se aprobaran todas sus enmiendas, también la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros) y que no compute ya como sueldo el pago en especies.

La Comisión de Trabajo del Senado, que debatió el proyecto de ley de la reforma laboral, vivió momentos de confusión e incluso caos en la votación de las enmiendas y acabó con un cierto alboroto del que se quejó la presidenta de este órgano: "No me hace nadie ni puto caso... ni caso". Así de clara fue la senadora socialista Lentxu Rubial cuando estaba dando por concluida la Comisión y leía el tradicional texto en el que se explica que ahora el proyecto de ley vuelve al Congreso para su aprobación definitiva.

Con los micrófonos aún abiertos, Rubial dejó caer esta frase que no parecieron oír sus compañeros de la Cámara alta, pues mientras algunos hablaban entre ellos o se despedían, otros seguían intentando aclararse sobre cuáles habían sido las enmiendas aprobadas durante la votación.

CCOO y UGT denuncian que el Gobierno recorta derechos en favor de la patronal

Comisiones Obreras y UGT acusaron ayer al Gobierno de haber negociado con los grupos "más conservadores" del Senado enmiendas a la reforma laboral con las que se "amplía el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores".

Los sindicatos señalaron que los cambios de la reforma aprobados en la Cámara Alta recortan aún más los derechos de los asalariados, "abaratando y agilizando los despidos".

El texto que votará en septiembre el Congreso, añadieron, "constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos" y supone un "atropello social" que "hace más necesaria, si cabe", la huelga general convocada para el 29 de septiembre, cuyo principal objetivo "debe ser parar esta reforma".

Los representantes de los trabajadores advierten también de que el texto del Senado, "en línea" con lo aprobado previamente en el Congreso, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, organizativas y productivas, "haciendo el despido más fácil, rápido y barato".

Además critican especialmente la enmienda más discutida en los últimos días, la que limita a 30 días el plazo que tienen los desempleados para rechazar ofertas de formación antes de ser sancionados. Los sindicatos censuran que prevalezca la política de la sanción y la infracción en vez de apostar por las políticas activas de empleo.

CCOO y UGT critican que se avale la legalización de agencias privadas de colocación, a las que se atribuyen competencias propias de los servicios públicos de empleo, "en lugar de incentivar y reconducir las políticas activas". Además, denuncian que el texto aprobado hace "más vulnerable" el empleo fijo, y dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva.