La necesidad de adaptar técnicamente las centrales térmicas de Meirama y As Pontes para poder quemar carbón de importación de bajo contenido de azufre -con el fin cumplir con las nuevas directivas comunitarias para Grandes Instalaciones de Combustión y reducir las elevadas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera-, obligó a las empresas energéticas Gas Natural Fenosa, propietaria de la planta de Cerceda, y Endesa, dueña de la central pontesa, a invertir casi 400 millones de euros entre ambas en la provincia de A Coruña. Ahora, el real decreto del carbón que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 12 de febrero y que está pendiente del visto bueno de la Comisión Europea para entrar en vigor, amenaza con echar por tierra una inversión millonaria que afectará también a la actividad de los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol, financiados con dinero público.

Entre las consecuencias que provocará en Galicia la aplicación de esta norma se incluyen la desaparición de cerca de 2.000 empleos directos e indirectos, la caída de la facturación de las centrales, o la repercusión directa que tendrá sobre los ingresos de la Administración autonómica y local, así como de las empresas que suministran y prestan servicios en las instalaciones de las centrales térmicas y sus auxiliares. Pero las empresas energéticas se preguntan también por qué el Gobierno las emplazó a realizar inversiones millonarias para cumplir el Protocolo de Kioto y prolongar su vida útil, si ahora las dos centrales térmicas gallegas deberá permanecer inactivas durante los cinco años de vigencia de la norma.

La inversión que realizó Gas Natural Fenosa para transformar la central de Meirama y construir la Medusa en el puerto coruñés para almacenar el millón y medio de toneladas de carbón que consume anualmente la térmica durante un ejercicio normal, alcanzó los 120 millones de euros. La empresa construyó en el parque de carbón un edificio circular -obra del arquitecto César Portela- con una altura interior de 27,6 metros, un diámetro de 105 metros y una capacidad de 100.000 metros cúbicos para la descarga en circuito cerrado con el que minimizar el impacto medioambiental después de las numerosas protestas de los vecinos de Os Castros por las contaminantes descargas de carbón. La necesidad de crear un parque de transferencia que pudiese ser trasladado al puerto exterior de Langosteira una vez finalizadas las obras elevó el coste del edificio, que sólo en la segunda fase superó los 7,5 millones de euros.

La construcción de la futura ubicación de la Medusa, el puerto exterior de A Coruña, también se justificó por la necesidad de alejar del núcleo urbano las mercancías potencialmente nocivas, como el carbón, o peligrosas, como el petróleo. La infraestructura costará 862 millones de euros, que serán financiados por inversión pública estatal, subvenciones europeas y parte privada.

Endesa, por su parte, desembolsó 275 millones de euros en transformar la central de As Pontes para dejar de consumir la mezcla de carbón nacional y quemar únicamente hulla de importación menos contaminante, y en financiar las obras del puerto exterior de Ferrol, donde recibe y almacena su carbón.

Estas inversiones millonarias permitieron a las centrales reducir las emisiones de óxidos de azufre (-90%), de partículas (-80%) y de CO2 (-19%). Un esfuerzo sin recompensa si se ven obligadas a echar el cierre hasta 2014.