Miguel Sebastián ha topado de nuevo con los muros atómicos de María Teresa Fernández De la Vega. Y los electorales. Ya lo hizo en junio de 2009, cuando la vicepresidenta en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. De la Vega se ha convertido en el muro de contención de los planes de Sebastián para resolver los enredos más calientes de su Ministerio. La sintonía con la vicepresidenta, ni está ni se espera desde que, a contrapié de la mitad del Consejo, decidió gestar en exclusiva la Ley General Audiovisual, engendrar un CEMA en plena guerra con la CMT (que aún no ha visto la luz, a pesar del interés de Industria) y ralentizar la Agencia Radioeléctrica.
El ministro no pudo imponerle sus criterios ni en la Ley Sinde y sus obligaciones para las operadoras, ni en la financiación de RTVE con el 0,9% de la facturación de las telecos, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Chocaron después espadas por la renovación, la composición y las competencias de los reguladores bajo el paraguas de Industria -la CMT y la CNE-, que aún la Ley de Economía Sostenible no ha despejado. Y no hace ni un mes que De la Vega decidía apresurar el cobro para RTVE de los 160 millones de euros de la tasa a las telecos, aún a costa de amargarle otra vez la sintonía con las operadoras de telefonía al ministro y el aterrizaje en la Secretaría de Estado a Lorenzo.
Moncloa aguarda aún por el informe jurídico express encargado por la vicepresidenta sobre la marcha el pasado 17 de septiembre. Un documento que, en todo caso, no sería vinculante, ni menos aún impediría en el futuro que la CCAA escogida pueda intentar -como amenaza ahora Camps- impugnar la decisión o recurrirla ante el Supremo o la Audiencia Nacional. Una resolución que, además, no hace más que volver a recorrer el mismo vía crucis de debates jurídicos con Miguel Sebastián que el ministro consideraba zanjados, a la luz del antecedente de Trillo: el Gobierno ya ganó en los tribunales a la Junta de Castilla-La Mancha por el almacén nuclear de la central castellanomanchega.
El Ministerio siempre ha defendido que la proposición no de ley aprobada por el Parlamento en el 2006 establecía que el único papel que correspondía a las comunidades autónomas en esta decisión era formular alegaciones, puesto que la elección final recae en el Gobierno. Pero en Presidencia prefieren mirar de nuevo a la literalidad de la proposición aprobada entonces (dice textualmente que el Ejecutivo, "en adecuada concertación con las comunidades", designará el emplazamiento) y obviar los requisitos de la convocatoria definitiva, impulsada en diciembre de 2009 desde Castellana 160, en la que las Autonomías carecen de derecho de veto.
Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009, el Ministerio preveía para el ATC enviar en julio de 2010 un primer informe preliminar y haber resuelto su ubicación como muy tarde en los primeros viernes de septiembre. Hasta tal punto que el 24 de junio la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento (con representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Sanidad, Economía y Ciencia) fue convocada y desconvocada de urgencia. Y pocas horas antes del anuncio de Pacto de Estado entre PP y PSOE, en junio, un portavoz de Industria adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de vacaciones. No fue así.
En Moncloa confiaban en poder demorar la decisión de nuevo, al menos lo justo para no tener que sacar tan pronto de las quinielas a Ascó, antes de los comicios de noviembre. No contaban con la guerra fría del ministro de Industria, dispuesto -con el Pacto de Estado en mínimos y la definición del mix energético por hacer- a cumplir al menos los calendarios pactados para la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos.
Buscaba el último atajo ante los muros de Zapatero para destrabar los apellidos del ATC, finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 y hacerlo, además, sin ultimar los jirones del Pacto de Estado con el PP ni las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos.
Tras seis años de demora desde que en diciembre de 2004 el Congreso aprobó desarrollar los criterios para construir un ATC en España, esta vez las promesas de Moncloa de avalar una decisión en julio y acatar la decisión técnica de la Comisión Interministerial ya no dejaban en los calendarios de Sebastián mucho más margen para el olvido. El ministro estaba dispuesto a vacunar con Zarra todos los naufragios nucleares que Moncloa se ha encargado de consumar en su mapa energético. Su sintonía con Montoro, los silencios a medias de Camps -el único presidente autonómico del PP que no se había opuesto hasta ahora frontalmente al almacén-, el interés del vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino -parte de los terrenos de Zarra pertenecían a una empresa de su familia- y el rechazo de Montilla y Barreda a las candidaturas de Ascó y Yebra (las otras dos favoritas) parecían despejar todos los caminos al ATC en Zarra.
Para Sebastián era la fórmula para confirmar la liberación que más de una vez ya les había contado a Barreda y Fernández-Vara de pasar de largo por CL sin tocar Garoña y de no esperar a noviembre ni incomodar a Montilla: ni su victoria, ni la voluntad propia y la de CiU estaban ya claras. Eso era antes de que los oídos sordos de Camps y Zaplana y el puñetazo en la mesa de De la Vega decidieran paralizar otra vez todos los relojes del ATC y tratar de desandar el proceso. Recuerdan ahora que un informe de la Consellería de Medio Ambiente señala que el terreno donde se propone la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares en Zarra (Valencia) "no es el adecuado". El municipio de Zarra se encuentra, en parte, dentro del ámbito del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. Asimismo, en el escrito presentado se advierte que el Plan de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear de Zarra no está adaptado al Plan de Emergencia Nuclear exterior a la Central Nuclear de Cofrentes.
Si el Consejo de Ministros opta por imponerse al PP, pliega la voluntad de De la Vega y se acoge a la victoria de Zarra, será a contrapié de sus compañeros, incluso en el granero electoral valenciano, justo el que la vicepresidenta quería salvaguardar a toda costa. Ya ha levantado las lanzas de Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, que revive las observaciones remitidas al Ministerio de Industria a raíz de la candidatura de Zarra y pide considerar la "posible afección" de los espacios naturales y de los hábitats de conservación prioritaria de la zona para que Industria descartase su candidatura y ha hecho valer ya las presiones con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Si De la Vega y el Consejo de Ministros abren la puerta al consenso necesario con las CCAA, o a la opción de veto autonomista, encajarán las iras y los nervios de Barreda y de Fernández Vara, que juran que Industria les prometió desde agosto no ubicar ni en Castilla la Mancha ni en Extremadura el almacén temporal centralizado de residuos. Fernández Vara promete abandonar la Presidencia de la Junta si el ATC llega a Albalá; no ha querido ser menos que Ibarra, que también en su momento retó a Felipe González a que, si daba luz verde a una segunda central en Valdecaballeros, dimitiría. Además, el PP extremeño ha apoyado su rechazo al ATC en la Asamblea. Si ya Moncloa tenía problemas desde febrero para sintonizar los criterios de Industria con los recelos de los barones socialistas reacios a hospedar el almacén en Castilla la Mancha, Extremadura y Cataluña, ahora serán mayores. Tendrán que incluir además en sus variables a las líneas rojas del Partido Popular y las CCAA gobernadas por él. De las ocho finalistas, sólo Ascó y Yebra tienen apoyo de AMAC, sintonía previa con Enresa (la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) experiencia y proximidad nuclear. Los 650 camiones cargados de residuos nucleares que debería recibir el ATC sólo en los primeros veinte años de vida se podrían reducir a la quinta parte si el traslado de las 6.700 toneladas se hiciera por ferrocarril. Una opción que hoy sólo Ascó tiene a mano. Ascó está más cerca del mar, por lo que sería más accesible para transportes desde el extranjero. La propuesta catalana tiene, además, cuatro centrales a su vera (tres activas y una en proceso de desmantelamiento), mientras que la castellano-manchega solo tiene dos (una activa y una pendiente de iniciar el desmantelamiento). De otro lado, Yebra es más céntrica en España, por lo que los desplazamientos desde Garoña (Burgos) o Almaraz (Cáceres), las principales fuentes de residuos en los próximos años, serían más cortos.
