El cierre del yacimiento de lignito pardo de Limeisa (en Cerceda) el 31 de diciembre de 2007 afectó a 166 trabajadores, pero se convirtió en una auténtica mina de oro para algunas empresas que vieron la oportunidad de hacer negocio con las ayudas estatales del plan Miner 2006-2012. Casi treinta firmas se acogieron a las subvenciones del Ministerio de Industria a partir de 2007 para invertir en Cerceda o ayuntamientos próximos a cambio de recolocar a 42 trabajadores de las auxiliares del carbón en un plazo de tres años. El pasado 31 de agosto era la fecha límite, pero ninguna contrató a excedentes de la minería.

Sólo 15, de los 59 empleos que se comprometieron a crear hasta 2009 las 13 empresas que solicitaron la ayuda en 2006, se cubrieron con trabajadores de la mina mientras el proyecto de recolocación estaba en manos de la Oficina de Reactivación Industrial (ORI) que abrió en Cerceda el gobierno bipartito a principios de 2008.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo, con el respaldo de la Mesa para o desenvolvemento do plan do carbón 2006-2012 -que conforman el Ejecutivo gallego, los concellos de Cerceda y As Pontes y los sindicatos CCOO y UGT- cerró la oficina el 31 de diciembre de 2009 para sustituirla por una nueva gestionada íntegramente por el Concello de Cerceda que todavía está pendiente de recibir la aprobación de Madrid para poder comenzar a funcionar.

La comisión de representantes de los mineros de las auxiliares del carbón de Meirama denuncia que el proyecto se paralizó con el cambio de Gobierno y que desde el cierre de la ORI nadie se ha preocupado por los trabajadores que se vieron afectados por el cierre de la mina y que no cumplían los requisitos para prejubilarse.

El alcalde de Cerceda, José García Liñares, reconoce la ineficacia del sistema de recolocación e incluso se extraña de que el número de recolocados sea tan elevado. El regidor asegura que muchos trabajadores de Limeisa se quedaron a trabajar en la térmica y otros se reubicaron en la central de Sabón, pero admite que la mayoría de los empleados de las auxiliares pasaron a engrosar las listas del paro con la promesa de que se crearía empleo para algunos de ellos. Una promesa que, según Liñares, todavía no se ha cumplido por un cúmulo de circunstancias, entre ellas, la "difícil situación" económica que arrastra el país desde 2007, el perfil de los afectados, que no se corresponde con lo que buscan las firmas, y la falta de mecanismos para controlar a las compañía. "Nosotros nos ocupamos de puntuar los proyectos de las empresas, según una serie de requisitos como por ejemplo los empleos que se van a crear en la zona, pero es competencia del Ministerio (de Industria) aprobar los proyectos, dar la financiación y controlar que se cumpla", asegura el alcalde de Cerceda.

La inversión subvencionada del las casi cuarenta compañías de la zona (Cerceda, Carral, Culleredo y Carballo) que se acogieron al plan Miner II ronda los 28 millones de euros, pero ninguna cumplió con el contrato de recolocación. Según Liñares, Galicia recibe entre el 2,5% y el 3% de las dotaciones del plan estatal para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras: el 67% de cada partida corresponde a As Pontes y el 33% a Cerceda. El regidor cercedense afirma que las ayudas dejan cerca de 6 millones de euros al año en el ayuntamiento, que sólo administra las subvenciones para infraestructuras y no siempre, ya que la Xunta gestiona algunas de las obras.

Francisco Gayoso, responsable provincial del Sector Energético de CCOO, asegura, sin embargo, que la supervisión y el control de las ayudas corresponde a todos los integrantes de la Mesa para o desenvolvemento do plan do carbón 2006-2012 y que ahora se abrirá un proceso de estudio para determinar si las empresas cumplieron o no con su compromiso de recolocar a trabajadores de las auxiliares de la mina. Aunque la única solución prevista en caso de incumplimiento será formar a los excedentes de la minería para adecuar su perfil a lo que buscan las compañías, que actúan impunemente porque aún está por determinar a quién compete aplicar sanciones.

Los concellos se escudan en que no tienen capacidad para investigara a las empresas y que es una tarea del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), encargado de aplicar el plan Miner, que puede delegar sus funciones en la Xunta. En el acta de la última reunión de la mesa gallega de seguimiento, el pasado 16 de julio, se aprobó que "desde las oficinas de recolocación de cada concello se expida un documento en el que se indique el grado de cumplimiento de recolocación de excedentes mineros", para presentarlo al IRMC. La dirección xeral de Industria se comprometió a su vez a "remitir un escrito a cada uno de los beneficiarios de las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo" y otro al organismo competente para saber cómo está hasta el momento el programa de creación de empleo. Según asegura la CIG, la respuesta del Ejecutivo gallego a la ineficacia del sistema de recolocación es que todavía no han recibido ninguna respuesta.

A falta de dos meses para que finalice el año, las dos oficinas encargadas de supervisar el proceso, que recibieron una dotación de 100.000 euros del total de 14, 2 millones del presupuesto del plan de la minería para Galicia en 2010 -la Xunta aporta 2,8 millones-, todavía están pendientes, según Liñares, del visto bueno del IRMC. Y mientras la burocracia se encarga de depurar responsabilidades tanto en Galicia como en Madrid, los trabajadores sólo pueden denunciar el desamparo de las administraciones y la impunidad de las empresas.

En la última reunión de la Mesa para o desenvolvemento do plan do carbón 2006-2012, el pasado día 16 de julio, la Xunta, los concellos de Cerceda y As Pontes y los sindicatos CCOO y UGT, además de comprometerse solicitar información sobre el proyecto de las recolocaciones, aprobaron los nuevos criterios para la cualificación de excedente minero. Para poder beneficiarse de las recolocaciones del plan Miner, el acta de la reunión establece que los trabajadores de las minas gallegas tenían que estar trabajando en la explotación antes del 1 de enero de 2006, tener una antigüedad mayor de tres años y estar en disposición de coeficiente reductor de la Seguridad Social. Las personas que rechacen tres empleos de la oficina de recolocación municipal y los que hayan trabajado dos años después del cierre de la mina no podrán constar en la base de datos de excedentes mineros.

La comisión de representantes de las auxiliares del carbón rechaza los nuevos criterios y considera el último punto, la exclusión por haber trabajado dos años, un "sin sentido". Alejandro Barreiro, portavoz de los afectados, explica que "no es lógico" que las firmas que se benefician de subvenciones estatales por recolocar a trabajadores de la mina tengan un período de tres años para contratar y un compromiso de tres años de permanencia, mientras que "los excedentes de la minería dejan de serlo si trabajan dos años después del cierre de la mina". Barreiro asegura que los nuevos criterios de la mesa de seguimiento "sólo benefician a las empresas" y que en la última reunión "los representantes de los trabajadores se dedicaron a empeorar el sistema de recolocación", pero no "se molestaron en hacer un seguimiento de las empresas que cumplen y las que no".