El Gobierno aprobó hoy un real decreto sobre los recursos propios de bancos y cajas que incluye la penalización de los "superdepósitos" y limita las altas remuneraciones de los directivos de aquellas entidades que han recibido dinero público.
Por lo que respecta a las remuneraciones de bancos y cajas, la nueva norma exige que aquellos directivos cuya actividad "tenga un impacto sobre el perfil de riesgo" sean coherentes con una gestión eficaz del mismo, al tiempo que impone la creación de un comité de remuneraciones en función del tamaño y la actividad de la entidad.
En concreto, establece que entre el 40 % y el 60 % de la remuneración variable se abone en un plazo mínimo de tres años, al tiempo que exige que la mitad de ésta se abone en acciones u otros instrumentos que dependan de los resultados de la entidad.
Además, dentro de la remuneración variable se incluirán las contribuciones a planes de pensiones.
En aquellas entidades que hayan recibido fondos públicos, el Banco de España decidirá si corresponde o no la asignación de retribuciones variables y podrá limitarla si lo considera oportuno.
Sobre la "guerra del pasivo", la nueva norma obliga a las entidades que apliquen intereses excesivamente altos a sus depósitos a realizar contribuciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Los importes recibidos por los clientes que excedan los límites fijados se ponderarán en un 500 % para calcular las aportaciones al FGD.
Así, el rendimiento que pagan las entidades a quienes contraten un depósito a plazo de hasta tres meses no podrá superar en más de 150 puntos básicos el euríbor a ese plazo, lo que con los datos actuales del Banco de España supone un interés máximo del 2,934 %.
Para depósitos de entre tres y doce meses, el interés no podrá pasar de 150 puntos básicos sobre el euríbor a seis meses -3,214 %-, y para los de más de un año, los 100 puntos básicos sobre el euríbor a doce meses -3,137 %-.
En cuanto a los depósitos a la vista, la remuneración no podrá rebasar los 100 puntos básicos del euríbor a un mes, o el 2,223 %.
El decreto especifica que el Ministerio de Economía podrá modificar al alza o a la baja estos límites.
En cuanto a los recursos propios de la entidades financieras, el decreto aprobado establece, en relación con las participaciones preferentes, qué activos pueden computar como recursos propios y cuáles no y, en lo relativo a titulizaciones, pretende evitar que el riesgo se traslade completamente a la entidad de crédito o a la empresa de servicios de inversión.
También se establecen límites a la exposición a grandes riesgos, de modo que la incapacidad para hacer frente a obligaciones de pago no provoque la venta "apresurada" de activos.
Según indicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este decreto trata de paliar la ausencia de regulación de determinados productos bancarios que está detrás de la crisis financiera al tiempo que intenta frenar la "guerra del pasivo", que ha provocado "créditos más caros para todo el mundo".
