En plena batalla política, hace ya año y medio, cuando la fusión de las dos cajas sonaba todavía a entelequia, el presidente de la Xunta promovió el matrimonio mediante algunas reformas legales. Alberto Núñez Feijóo no dudó, tras el anuncio del Gobierno de llevar parte de las novedades al Constitucional, en comparar aquella batalla con la que Galicia libraba 25 años antes cuando "se le quiso poner en la segunda división dentro de las autonomías con un Estatuto de segunda categoría". A la norma institucional básica se agarraron durante muchos meses el presidente y la conselleira de Facenda para defender las competencias de la comunidad en el sector. Como supervisores. De ahí que exista una ley específica para las entidades de crédito en Galicia que lo recoge.

El discurso de Feijóo ayer ante la enorme polémica levantada por las indemnizaciones millonarias recibidas por los altos cargos de Novacaixagalicia deja de lado el papel del que en San Caetano presumieron tanto durante todo el proceso. "Si dependiera de la Xunta esas decisiones ya estarían tomadas", asegura el responsable del Ejecutivo autonómico, en referencia a la vigilancia sobre las prejubilaciones. "Como no depende ni podemos -señala ahora-, pues tenemos que remitirnos al órgano competente que es el Banco de España".

Pero, ¿qué margen tiene el Gobierno gallego? La ley que precisamente la Xunta y el PP impulsaron reserva la tutela, entre otros aspectos, para que las cajas sigan una "política adecuada de administración" y "una organización administrativa y contable y unos procedimientos de control internos adecuados".

Una de las primeras medidas que la Xunta tomó para facilitar la integración de Caixa Galicia y Caixanova fue rescatar la posibilidad de nombrar un representante en sus respectivas comisiones de control, encargadas de velar por el correcto funcionamiento interno. Lo hizo. Y lo mantuvo luego en Novacaixagalicia. Con lo que, según la normativa, Facenda debería contar con informes de lo que sus vocales consideraran irregular o interesante y con "derecho inmediato a toda la documentación precisa para el desarrollo de sus funciones". Es más. La Xunta se reservó "las funciones de inspección" en las cajas -artículo 81- y la opción de marcar los contenidos en la auditoría de las cuentas. De la información que obligatoriamente las entidades hacían pública, otra de las funciones que la ley atribuye al Gobierno autonómico, no hay ni rastro de los sueldos.

Aún así, Alberto Núñez Feijóo dejó caer cualquier responsabilidad en exclusiva en el equipo del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "Como no podemos, tenemos que remitirnos al órgano competente, que es el Banco de España. Es el que puede tomar decisiones y lo animo a que lo haga", afirma. "Ya estarían tomadas -añade- si dependieran de nosotros". El director xeral de Política Financeira daba un paso más allá incluso para acusar al Ministerio de Economía de seguir una estrategia "privatizadora" del sector, con "un desprestigio primero" y su "devaluación previa" a su mercantilización. "En el caso de Novacaixagalicia, los conceptos de precio y valor no son coincidentes", se queja Manuel Galdo.

Entre tanto revuelo con las prejubilaciones, el Banco de España abre a consulta pública la circular con la que intentará poner control sobre los salarios en el sector. Las entidades con más de 10.000 millones en activos -casi todas- deberán contar con un comité de retribuciones, que podrá exigirse a otras más pequeñas "por motivos relacionados con su organización interna o la naturaleza, el alcance o la complejidad de sus actividades".