El PP de Galicia rechazó ayer una propuesta parlamentaria impulsada por el PSdeG y transaccionada con el BNG para pedir que los directivos de Novacaixagalicia limiten sus retribuciones y que ninguno de ellos, como tampoco miembros del consejo de administración, obtengan "remuneraciones o compensaciones superiores a las que recibían antes de la fusión".

Precisamente en este último punto se basó el portavoz del PP de Galicia para rechazar la iniciativa. Pedro Puy considera que respaldarla sería "convalidar y defender las remuneraciones que se están criticando", ya que tres de los cuatro contratos blindados que dieron indemnizaciones millonarias a exdirectivos de Novacaixagalicia "se firmaron en 2006". Puy acusó a la portavoz socialista en materia de economía, María José Caride, de "oportunismo" al defender, tras conocerse estas indemnizaciones, una propuesta registrada el pasado 12 de mayo y que reclama que las compensaciones no sean superiores a las que los ejecutivos tenían blindadas en sus entidades de procedencia. "Literalmente me está pidiendo que apoye las remuneraciones pactadas en 2006", insiste.

Caride replicó que no respaldar su proposición no de ley significa que el PP está de acuerdo con que se concedan a estos altos directivos cantidades superiores a las de antes de la integración. El contenido de la propuesta, sostuvo, "invalida el contrato de García de Paredes y los incrementos de los planes de pensiones de 1,6 a 2,8 millones de euros para los altos directivos". Aunque admite que tres de los contratos se firmaron en 2006, Caride recuerda que después "se trasladaron a Novacaixagalicia -donde se ratificaron- y también se dio a García de Paredes, igualando pero por arriba".

La Dirección General de Trabajo confirmó el pasado jueves su permiso a la ampliación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la caja lanzó para reajustar su plantilla durante la fusión a base de prejubilaciones -con las mismas condiciones para los altos cargos- y que incorpora ahora 350 bajas voluntarias con las que NCG Banco prevé ahorrar unos 44 millones de euros.

Las bajas incentivadas incluyen una indemnización de 45 días por año trabajado, un mínimo de nueve mensualidades y un máximo de 42. A modo de despido improcedente, con lo que los empleados que lo soliciten también podrán cobrar el paro. Las reducciones de jornada incluyen un máximo del 50% de la jornada con un recorte al sueldo en la misma proporción y las suspensiones temporales de contrato oscilarán entre los tres y los cinco años, cobrando un 25% del salario bruto.

La ampliación se acordó con el respaldo de Comisiones Obreras, UGT y Csica y frente a las críticas de la CIG, que ayer volvía a recordar que las medidas de recorte que supuestamente se retiraron tras el nuevo pacto laboral siguen vigentes, "una espada de Damocles sobre nuestras condiciones salariales". A partir de ahora, NCG Banco puede abrir la lista de los candidatos a integrarse en las bajas incentivadas, a lo que se suma a partir de noviembre una quinta fase de cierre de una treintena de oficinas.