La Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado día 2 a Novacaixagalicia por su presunta mala gestión en la autorización de las indemnizaciones millonarias para cinco de sus ahora exdirectivos, que percibieron entre 20 y 40 millones de euros, y el posible pacto entre el Banco de España y los inversores para pactar una valoración de la caja, en solo 181 millones de euros.
Las pesquisas, en la que los tres exdirectivos que todavía no han devuelto parte de sus indemnizaciones millonarias se han brindado a colaborar, se producen como consecuencia de una denuncia que la sección de Banca de la Confederación Intersindical Galega (CIG) presentó ante la Fiscalía General del Estado el 5 de octubre.
Tras analizar el escrito del sindicato nacionalista, el propio fiscal del Estado decidió el pasado 19 de noviembre trasladarla a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, tal y como explica el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Pedro Crespo Baquero, en el documento que envió a la CIG para acusar recibo de la denuncia.
La fiscal Pilar Melero ha asumido la investigación, que se encuentra en su fase preliminar, y ya ha recibido los informes de valoración elaborados por el Banco de España antes de tomar el control del 93% de Novagalicia banco. El supervisor aplicó un descuento del 88% sobre el valor contable -1.784 millones- de Novacaixagalicia tras auditar la entidad y someterla al análisis de tres bancos de inversión. El valor de la entidad quedó reducido entonces a 181 millones, el precio que según el supervisor estarían dispuestos a desembolsar los inversores por hacerse con la caja gallega. Gracias a esa infravaloración, el Banco de España se hizo con el control de la entidad y la caja ostenta algo menos de un 7% del accionariado de Novagalicia Banco. La instructora revisará también los informes de los antiguos directivos, que recogían el valor contable de la entidad como capital fundacional. "O hay un problema en el cálculo del valor de los libros que alguien tendrá que justificar -asegura el responsable de Banca del sindicato, Clodomiro Montero, en relación a la tasación del negocio- o el descuento fue desmedido. Las dos cosas no cuadran".
Anticorrupción, al mando del fiscal jefe Antonio Salinas, examinará además la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros cobradas por el exdirector general José Luis Pego; el exdirector general adjunto, Javier García de Paredes; el exresponsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán y el exdirector adjunto de la oficina de integración de Caixa Galicia y Caixanova, Óscar Rodríguez Estrada. Novagalicia banco también está dispuesta a colaborar en la investigación, dado que como recordó su presidente, José María Castellano, el lunes pasado "las indemnizaciones no son legales hasta que lo determine un juez", aunque los informes internos de la entidad las den por lícitas.
Informe jurídico
La CIG considera que el abono de las altas indemnizaciones son prueba de una mala gestión de la entidad y que se produjo después de que la caja solicitase un informe jurídico de un gabinete madrileño, habitual asesor laboral de Caixanova, quien entendió que el traspaso del negocio de la caja al banco podía ser considerado como una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo". La central nacionalista valora el trámite de la Fiscalía General del Estado, al entender que hay "indicios de delito que deben ser investigados". "Lo que es increíble es que los supervisores, ni el Banco de España ni la Xunta, que tienen que tener toda la información, hayan dado este paso", reprochó Montero.
Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada explicaron en un comunicado hecho público ayer que están dispuestos a colaborar en la investigación y a facilitar toda la información necesaria para "clarificar la legalidad de todo el proceso". "José Luis Pego confía que esta investigación le permita defender su honorabilidad y la profesionalidad de su gestión al frente de la caja", concluye el comunicado.
La web El Confidencial publicó ayer que el antiguo subdirector general de Caixanova recibió dos millones de euros antes de la fusión, y de la que quedó fuera del organigrama, para lograr su silencio ante la amenaza de que, según el portal de internet, "tiraría de la manta" sobre presuntas irregularidades en la entidad, relacionadas con la gestión del grupo inmobiliario y con el equipo de José Luis Pego.
La cantidad, según también apunta El Confidencial, evitó un "conflictivo juicio" tras la denuncia que interpuso Isaac Alberto Míguez. Fuentes conocedoras del caso mantienen, sin embargo, que el enfrentamiento estaba en los derechos que Míguez se atribuía en su finiquito por los años que estuvo en Madrid en conceptos de traslado y que el acuerdo se alcanzó sin juicio porque, precisamente, el día de la vista Míguez logró una conformidad con la caja.
