El Gobierno amplió ayer la dotación que deben hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las entidades financieras, lo que supone que bancos, cajas y cooperativas deberán aportar 800 millones de euros suplementarios a este organismo para llegar hasta los 1.600 millones anuales.
El decreto provocó la reacción inmediata de la patronal bancaria, que calificó de "sorprendente e injusto" este incremento, al tiempo que instó al Gobierno a hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sistema financiero.
En una nota, la Asociación Española de Banca recuerda además que los bancos no sólo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya 2.347 millones de euros del patrimonio que tenían en su fondo de garantía.
El Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con unos recursos de unos 6.500 millones de euros, y con esta iniciativa podrá recaudar anualmente alrededor de 1.600 millones, como explicó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Elena Salgado. Esta cantidad podría incrementarse ya que el decreto eleva al tres por mil el importe máximo de las aportaciones que el Fondo puede reclamar a las entidades cada año. Según Salgado, el FGD aportará los recursos necesarios para sanear las entidades sin que esto afecte al déficit público ni suponga coste para el contribuyente.
Si el Estado vende su participación en una entidad por debajo del precio al que entró, como es previsible que ocurra con la CAM, la diferencia la pondrá el FGD, una vez descontados los intereses que pudiera recibir el Estado por el dinero prestado a dicha entidad.
Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros consideró que la decisión es "precipitada" y altera el entorno estable que necesita el sector. Además lamentó que la medida "no haya sido debatida con el sector, a través de los procedimientos habituales de audiencia pública".
"Puede distorsionar los calendarios de planificación de las entidades, pues se produce a escasos días de cerrar el ejercicio", avisaron las cajas.
