La nueva cúpula de Novagalicia concentra muchos esfuerzos en su Unidad de Gestión de Activos Singulares (UGAS), una suerte de banco malo aunque sin personalidad jurídica propia que, como admitió el presidente, José María Castellano, durante la presentación del proyecto, no solo asumirá los más de 2.800 millones de euros que la entidad acumula en inmuebles y suelo adjudicado por impagos de préstamos. Bajo su paraguas estarán "clientes no estratégicos" y "aquellos con riesgo problemático", según recoge el esbozo de estructura que Novagalicia remitió la pasada semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el informe económico requerido para lanzar emisiones de financiación.

"Para esta unidad de negocio se ha establecido una estructura organizativa que permitirá focalizar la atención en la desinversión y en la activa recuperación de las posiciones problemáticas", explica la entidad. Ya Castellano y su consejero delegado, César González-Bueno, avanzaron en su momento que el objetivo pasaba por agrupar todo el lastre para tener una visión directa y concreta sobre su evolución. ¿Y qué volumen de activos manejará la UGAS? Los responsables de Novagalicia se resisten a detallarlo para evitar dar pistas a la competencia. "Ni aunque fuera uno lo diríamos", dice Castellano.

La documentación enviada al regulador bursátil tampoco ahonda en números, pero sí avanza detalles sobre cómo incidir en uno de los problemas que tiene la entidad. El banco malo -donde según los sindicatos trabajarán unas 362 personas con un organigrama exclusivo- contará con "analistas de riesgos especializados, gestores de promociones y ventas inmobiliarias" y, muy llamativo, "un área de gestión de clientes con riesgo". "El objetivo -continúa- es lograr que una gestión especializada y la extensión de mejores prácticas consiga mejorar significativamente los resultados y la eficacia de estos procesos, a la vez que evita la contaminación en el desarrollo de negocio bancario core por parte de las restantes áreas".

Novagalicia apunta a la "objetividad" en la toma de decisiones y mecanismos para frenar peligros "no asumibles" como guía en el control del riesgo en el crédito. La concesión de préstamos se apoya, según la entidad, en un soporte operativo estandarizado que pasa por los servicios centrales, una "estructura de análisis de riesgo" para calificar el riesgo y "filosofía prudente" en los criterios. Además, el seguimiento de la calidad de las inversiones es "continuado" y en todo el banco, con sistema de recuperación ante posibles impagos en oficina, unidades especializadas y litigio. Los créditos suman 52.210 millones de euros hasta septiembre, con una tasa de morosidad en esta partida del 8,46%. En el caso concreto del riesgo inmobiliario, hay 11.191 millones en préstamos al sector, de los que casi un 26,9% son dudosos y 1.914 están catalogados como subestandar; y 14.876 millones en hipotecas particulares, donde la mora es de solo el 1,67%.

En cuanto al riesgo operacional, el derivado de un fallo de los propios procesos del negocio, el personal o los sistemas internos, el banco asegura que ha implantado un "nuevo modelo" de gestión que mantiene "una continuidad" con "las mejores prácticas desarrolladas" en las cajas.