Dar salida al patrimonio inmobiliario, generar ingresos y reducir gastos. Estos son los objetivos de la decisión del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de sacar a subasta 76 locales comerciales repartidos por las cuatro provincias con un valor total de casi cinco millones de euros. Se trata de una de las mayores subastas -por el número de inmuebles- organizadas por el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, que ya en la memoria de los presupuestos de la Xunta para 2012 reconoce que no dispone de ingresos suficientes para afrontar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que le ha generado una considerable deuda.
El IGVS quiere poner en el mercado 30 bajos en A Coruña, todos ellos en la ciudad de Ferrol y con un precio de mercado de 1,1 millones. Otros 27 locales están en Pontevedra que suman un valor total de 2,4 millones de euros. Cinco están en la capital, 18 en Vigo, tres en Cangas y uno en Lalín. En Lugo se encuentran 15 inmuebles, de los que solo uno está ubicado en la capital provincial.
El resto se divide entre los dos de Chantada, los cinco de Vilalba, dos de Pastoriza y uno en Foz, Sarria, Celeiro, San Cibrao y Guitiriz. Su valor es de 920.000 euros. Finalmente en Ourense apenas hay cuatro locales, con un valor de casi 400.000: Ourense, O Barco, Maceda y Ribadavia.
El IGVS espera recaudar al menos 244.000 euros al año por las rentas. El organismo fija un precio de alquiler anual mínimo para cada bajo comercial y los interesados deberán realizar una oferta en sobre cerrado para cada uno de ellos. La más alta se llevará el contrato durante cinco años, prorrogables anualmente. Los locales pontevedreses suman un mínimo anual de renta de 145.171 euros más IVA, seguidos de los 59.751 de los de Ferrol, los 27.610 de Lugo y los 11.439 de Ourense.
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente explican que la subasta es la única fórmula con que pueden poner en el mercado estos bajos, pues la legislación actual "establece que los bajos propiedad del IGVS no se pueden adjudicar directamente más que a otros organismos de la Administración o entidades sin ánimo de lucro".
Sin embargo, se trata de una de las subastas con mayor número de inmuebles. El volumen de la puja evidencia la necesidad de que el IGVS reduzca su stock inmobiliario. De hecho, el organismo reconoce que arrastra una "abultada deuda" por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que los ayuntamientos le reclaman por el parque de viviendas y bajos que todavía no ha podido colocar en el mercado. De hecho, las facturas que tiene en el cajón son inasumibles. En las cuentas autonómicas para 2012, el IGVS alerta de esta situación y de la "insuficiencia económica" que tiene para afrontar estas deudas con un presupuesto global para el próximo año de 93 millones de euros, un 12% inferior al de este ejercicio.
La situación ha obligado a revisar a fondo la situación a la Xunta, que también ha detectado "errores administrativos" por parte de ayuntamientos que les reclaman el pago por inmuebles que ya no son de su propiedad. Entre 2009 y 2011, Medio Ambiente, a través del IGVS, pagó un millón de euros por estas facturas, cifra que entre 2005 y 2008 apenas ascendió a 643.000 euros.
