España cuenta con 40.000 parados de larga duración sin derecho a acceder a la atención sanitaria pública que garantiza la Constitución, al haber pasado tres meses desde que agotaron su prestación por desempleo y haber dejado de cotizar a la Seguridad Social. Así lo aclaró ayer el secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez Palacios, quien advirtió de que la cifra total de pacientes que podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria asciende a 200.000 personas en toda España, entre parados de larga duración, personas sin recursos y profesionales liberales como abogados o arquitectos, que podrán acceder a a la sanidad pública a partir del próximo 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ley General de Salud Pública, que universaliza estos servicios.

Dentro de la cifra de posibles pacientes con la tarjeta sanitaria bloqueada se encuentra sin embargo un elevado grupo de personas que desconoce su situación. Y es que la actual legislación determina que el parado que agota sus prestaciones tiene tres meses para solicitar ser incluido en la tarjeta sanitaria de un familiar -con el que el desempleado tiene que convivir y del que debe depender económicamente- o solicitar la tarjeta de persona sin recursos. Para ello es necesario que no tenga alguna renta o patrimonio que supere el doble del indicador público de renta (Iprem), que en España está en unos 7.000 euros.

Una vez pasado el periodo de tres meses, la tarjeta se bloquea, pero nadie se lo notifica al desempleado, que tan solo se entera de esta nueva circunstancia si acude al médico o a recoger una medicina en la farmacia recetada por su facultativo. El sistema informático advierte al establecimiento en ese momento de que el usuario no se encuentra registrado e impide la administración del medicamento. Los usuarios pueden solicitar en cualquier momento la tarjeta de personas sin recursos, aunque su tramitación se puede demorar varios meses, según las denuncias de algunos afectados. El Ministerio de Sanidad aseguró que este retraso podría haber sido solucionado por comunidades autónomas como la gallega si éstas hubieran firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para agilizar los trámites en la solicitud de las tarjetas. La Consellería de Sanidade que dirige Pilar Farjas aseguró haber firmado un convenio con Sanidad.

En declaraciones a la Cadena Ser, el Secretario General de Sanidad reconoció que, en algunas comunidades autónomas, como Baleares o Galicia, "han podido darse pequeños problemas" o "desajustes" con la atención a estas personas, tanto en los centros sanitarios como al llegar a las farmacias con sus recetas. Esto puede haber sido fruto "del incremento de personas en paro que han perdido la prestación" y no pueden acudir a alternativas, como ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación por desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del Iprem.

En estos casos explicó Jiménez a Europa Press, "las comunidades pueden legalmente negarse a ofrecerles una atención sanitaria ordinaria, no así en Urgencias". "La información que tenemos es que en algunos sitios ha habido pequeños problemas, pero que se están solucionando y que estas personas van a poder ser atendidas", añadió

Sobre la decisión de Galicia de establecer, a través de una orden, que los emigrantes deban esperar seis meses tras empadronarse para recibir asistencia, el responsable de Sanidad advirtió de que esta medida es "simplemente ilegal", ya que "toda persona empadronada tiene derecho a recibir asistencia sin recortes y periodos de latencia". Por ello, si se aplica, "tendría que ser recurrida".