La ronda de resultados anuales del sector financiero tiene, esta vez, una proyección inusual. Al impacto de la situación de la economía en las cuentas se une el objetivo del nuevo Gobierno de incidir en la reestructuración del sistema. Que las entidades tiren de lo que iban a ser beneficios para cubrirse del lastre del ladrillo que acumulan. El paso previo para la siguiente ronda de fusiones que el presidente, Mariano Rajoy, avanzó en su discurso de investidura y que Luis De Guindos, su ministro de Economía, guarda como prioridad. Es, sin duda, la reforma más intensa que se espera a corto plazo, junto con la laboral. De ahí que los mercados tuvieran ayer el foco puesto en Banesto, el primero en mostrar la evolución de su actividad durante el pasado ejercicio y al que los analistas colocaban como el ejemplo a seguir. Y así fue. El grupo llevó a provisiones 400 millones de euros ante las exigencias que se avecinan por parte de Moncloa.

Economía quiere tensionar al máximo el precio de los activos que guarda el sector en los balances. Pero, ¿cuánto? Es la gran incógnita. Las últimas semanas han ido saliendo diferentes posibilidades. La última, que recoge El Confidencial según "varias fuentes conocedoras" del plan del Gobierno, apuesta por una propuesta de recortar el valor de las viviendas en promoción hasta un 50%, un 80% el suelo urbanizado y dejar prácticamente a 0 los terrenos rústicos por la imposibilidad de darles salida. La cuestión también es el plazo. Algunas fuentes apuntan a que el Gobierno dará dos años al sector y otras lo consideran demasiado. La credibilidad de la estabilidad económica española está en juego y Financial Times ya alabó las propuestas del Gobierno como "serias y con sentido". ¿Pero cómo pretende el Gobierno cubrir el agujero que generará esa minusvaloración ?

ABC aseguraba que De Guindos solo prevé que existan seis grupos financieros españoles, que puedan convivir con algunas entidades medianas. A Novagalicia la ve absorbida por el Santander y a CatalunyaCaixa, por BBVA y Bankia, casada con CaixaBank.

Novagalicia, que lleva semanas apelando al contrato que firmó el pasado mes de septiembre con el Estado y le garantiza que podrá buscar inversores hasta el 30 de septiembre, no oculta que le preocupan las presiones que los grupos nacionales realizan estos días. De hecho, sus responsables han empezado a mover ficha para trasladar su inquietud a los nuevos gestores del sistema financiero.