Los pagos en metálico a autónomos, empresas u otros profesionales no podrán superar los 2.500 euros. Esta es la medida que anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara baja. Esta medida pretende combatir las bolsas de fraude fiscal, la economía sumergida y sacar a la luz el dinero negro que circula en España. El incumplimiento de esta norma, que se encamina a impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y que las empresas recurran a facturas falsas, supondrá multas del 25% de la cuantía del pago.
El plan de lucha contra el fraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros prevé recaudar con esta y otras medidas hasta 8.171 millones de euros en 2012. Esta cantidad es un 11,3% inferior a los 9.209,77 millones que se cobraron en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones, dijo el Gobierno.
La limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en los pagos a empresas y profesionales sigue los pasos de Francia -que lo limitó a 3.000 euros- y de Italia, que solo permite abonar con dinero físico transacciones de este tipo por un volumen máximo de 1.000 euros. Al forzar que los pagos se hagan mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria u otra modalidad que deje registro de la operación se trata de obstaculizar la generación de rentas, ingresos y beneficios ocultos a Hacienda, además de luchar contra el fraude y el déficit público.
España es el segundo país de Europa, después de Grecia, con mayor economía sumergida, es decir, actividades mercantiles, profesionales y laborales no declaradas a la Agencia Tributaria. Aunque es difícil de precisar dado que se trata de actividades opacas, los estudios disponibles coinciden en asegurar que el volumen de negocios y de rentas que no tributan equivalen en España al 20% o 25% del Producto Interior Bruto (PIB).
El anuncio de Rajoy se produjo ayer en el Congreso mientras era interrogado por el coordinador de IU, Cayo Lara, que le afeó la reciente amnistía fiscal aprobada.
"Poco eficaz"
Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten al respecto de que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta, porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.
El colectivo teme que la medida resulte "poco eficaz" para terminar con las bolsas de fraude que habitualmente utilizan billetes de 500 euros, el instrumento "idóneo" para saldar operaciones al margen de Hacienda, como las tramas de facturas falsas o falseadas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.
Además, Gestha recuerda que generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe "muy superior" al del 25% que deberían afrontar de máximo en caso de ser detectados por Hacienda.
