Construcciones Fontenla, la empresa del presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) y de Galicia, (CEG), Antonio Fontenla, acaba de ser declarada formalmente en suspensión de pagos después de que sus gestores reconociesen ante el juez su imposibilidad de hacer frente a las elevadas deudas que mantiene con la banca. La constructora, que ha reconocido una deuda superior a los 40 millones de euros, cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 1.684.317,66 euros y una cifra de negocio "bastante reducida", según el auto judicial en el que se declara su insolvencia.
El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, Pablo González-Carreró Fojón, declaró el pasado día 9 en concurso de acreedores a la constructora, tan sólo dos días después de que la empresa, hoy gestionada por dos hijos y una sobrina del presidente de la CEG, así lo solicitara en los tribunales coruñeses. La declaración de insolvencia se produjo dos días antes de que Fontenla fuera reelegido para su cuarto mandato como presidente de la patronal coruñesa.
El magistrado deja en manos de los Fontenla la gestión de la compañía y de su patrimonio, aunque designa administrador concursal al abogado José Ron Romero, al que los directivos de la constructora tendrán que solicitar permiso antes de tomar cualquier decisión relevante sobre la empresa.
La mayor parte de los 40 millones de deuda que acumula la empresa del presidente de la patronal gallega son créditos con distintas entidades financieras "para la adquisición de inmuebles y para la financiación de construcciones cubiertos con garantías hipotecarias sobre las existencias inmobiliarias e incluso sobre bienes del inmovilizado", según concreta el auto judicial.
El juez reconoce en el documento la alta probabilidad de que la banca acuda a la ejecución hipotecaria por el impago de esos préstamos, lo que agravaría la situación de la empresa. Además de sus deudas con la banca, Construcciones Fontenla debe dinero a la Agencia Tributaria, a otras administraciones públicas, y a algunos de sus trabajadores. Al juez le consta además la existencia de créditos-deuda con otras empresas del grupo y socios. El juzgado de lo Mercantil da un mes de plazo a los particulares y empresas que figuran entre los acreedores de Fontenla para comunicar las deudas, pero reconoce la previsible complejidad del proceso en una empresa como Fontenla, que combina laconstrucción y la promoción inmobiliaria, con promociones en curso y pendientes de entrega.
Construcciones Fontenla nació como una empresa familiar y el presidente de la patronal fue su máximo responsable hasta 2004, momento en el que fue despojado de todos sus cargos. Antonio Fontenla se mantiene sin embargo como principal accionista de la compañía, de la que hace dos años mantenía un 28,13%. Precisamente en ese año la empresa modificó los estatutos para que el presidente de la patronal pudiese designar a los destinatarios de su paquete accionarial y evitar así que cayesen en manos de los parientes con los que no tiene buena relación.
Antonio Fontenla Ramil fue presidente de la empresa familiar, que tenía con sus hermanos hasta que en 2004 fue destituido de ese y de todos los cargos ejecutivos por el consejo de administración de la constructora, en el que unieron sus votos dos de sus hermanos José Luis (ya fallecido) y Manuel. Los hermanos acordaron entonces que Antonio les vendiera sus acciones, pero no llegaron a un acuerdo sobre su precio, tras lo que se cruzaron varias denuncias en el juzgado.
La mala relación entre los entonces socios de la compañía continuó y derivó en junio de 2009 en la jubilación forzosa de Manuel Fontenla -que ejerció hasta entonces como presidente- y el despido de sus dos hijos y de sus dos hermanos Felisa y José Luis, meses después.
La presidencia quedó entonces en manos de la hija de José Luis, María del Pilar Fontenla Piñeiro, que nombró consejeros a su tía Elisa y a los vástagos del presidente de la patronal, Javier y Alejandra Nuria Fontenla Piedrahita, que en enero pasado fueron designados junto con la presidenta consejeros delegados de la constructora. La sociedad afrontó dos ampliaciones de capital en los últimos años; una de 4,4 millones en 2010 y otra, de 670.000 euros, en febrero pasado.
La constructora Arias Hermanos comenzó a ejecutar ayer el despido colectivo de 25 de sus 134 trabajadores, con lo que se deshará de casi el 19% de la plantilla, una decisión que la empresa atribuye a la caída de su facturación y a la falta de carga de trabajo, que le ha obligado a dar "permisos retribuidos" a algunos de los trabajadores que en los últimos meses se han ido incorporando de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal y rotatorio de 180 días para 119 personas todavía en vigor, según explicó el director económico y financiero de la firma, Gonzalo Abella. Arias, una de las principales constructoras coruñesas adjudicarias de grandes contratos de obra pública y de la que es consejero delegado, Antón Arias, recientemente elegido presidente de la Federación Gallega de la Construcción, sucumbe a la crisis.
Abella asegura que la empresa cerró el ejercicio pasado con un beneficio de tan sólo 4.000 euros y una facturación de 28 millones de euros. La previsión con la que trabaja para este año es muy inferior, con una facturación de 15 millones de euros, un 47% menos.
El portavoz de la empresa sostiene que la constructora intentó negociar con los representantes de los trabajadores hasta el final y llegó a ofrecer que las bajas se redujesen a sólo 15 empleados.
Fuentes próximas a la plantilla cuestionan sin embargo las causas económicas de la regulación -la empresa ha obtenido beneficios en los últimos años- y las productivas, dado que según las mismas fuentes, la plantilla tiene pendientes vacaciones del año pasado y el ERE temporal inicialmente previsto para 119 personas fue aplicado finalmente sólo a un 20% de los afectados -pese a que la empresa tiene de plazo hasta el 31 de diciembre-. Los representantes de los trabajadores consideran que el ERE es fraudulento y que sólo busca despedir a los trabajadores más antiguos mientras la empresa subcontrata tareas con otras empresas.
