La Seguridad Social utilizó el pasado julio casi 4.000 millones de uno de sus fondos de emergencia para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas, según reveló ayer el Gobierno. El aumento del gasto en las prestaciones, por un lado, y la disminución del número de cotizantes, por otro, han provocado tensiones de tesorería en el sistema público.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dejó entrever ayer que la evolución del gasto en pensiones en España puede obligar en los próximos meses a recurrir al llamado Fondo de Reserva, auténtica "hucha" que acumula cerca de 68.000 millones de euros. Antes de llegar ahí, el Gobierno ya ha recurrido a otra bolsa de dinero, siguiendo un camino que desbrozó jurídicamente en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata del "Fondo de Prevención y Rehabilitación", donde se acumulan los excedentes que tienen las mutuas que, por cuenta de la Seguridad Social, gestionan las cotizaciones y las prestaciones de incapacidad laboral transitoria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El dinero de esa "cartilla de ahorros" del sistema -así denominada en una publicación de la Seguridad Social- ascendía a algo más de 4.600 millones de euros hasta que el pasado julio la Administración utilizó el 85% del dinero para abonar la extra de julio. La ley presupuestaria aprobada en mayo autorizó al Gobierno a recurrir a ese fondo para cubrir desfases transitorios de tesorería. Con ello se evita tocar la gran "hucha" de los 68.000 millones o acudir a fuentes de financiación alternativas con mayor coste.
Y el Gobierno dejó caer que la situación puede repetirse a corto plazo. La Seguridad Social estuvo sin utilizar sus mecanismos de urgencia durante los cinco años de crisis pero ahora encara situaciones muy comprometidas: los ingresos están tocados por la caída de la afiliación, que pese a los incrementos estacionales del verano está por debajo de los 17 millones de cotizantes, y el aumento de la inflación amenaza con disparar el gasto. Las prestaciones subieron en enero el 1% y el compromiso del Gobierno es compensar a los pensionistas por la diferencia entre esa subida y el incremento que registre el índice de precios al consumo (IPC). Antes ya del aumento del IVA, la inflación se situó en el 2,7% y podría rondar el 3%, según algunos analistas. Cada décima de subida del IPC supone un sobrecoste de 200 millones para el sistema de pensiones.
Burgos aseguró que el propósito del Gobierno es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando "todos los elementos de gestión" a su alcance, abriendo la puerta a usar el Fondo de Reserva. La nómina de las pensiones ya está subiendo este año a ritmos vivos.
El secretario de Estado de la Seguridad Social señaló que el Gobierno no prevé acelerar la aplicación de la jubilación a los 67 años, que se implantará de forma escalonada y no estará plenamente operativa hasta 2027. La CE recomendó al Gobierno que agilice el retraso de la jubilación efectiva, algo que, según Burgos, se hará por otras vías: limitando el uso de las jubilaciones anticipadas y parciales o estimulando la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.
La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, exigió ayer al Gobierno que no utilice el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocida como la "hucha de las pensiones"- "para intentar arreglar sus errores en la política presupuestaria". Rodríguez-Piñero argumentó en un comunicado que el Fondo de Reserva se creó para hacer frente a situaciones "de déficit estructural motivadas por el envejecimiento de la población y no para utilizarlo por caídas de la actividad económica".
La reacción del PSOE se produjo después de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, insinuara que el Gobierno baraja recurrir al Fondo de Reserva ante el déficit que puede llegar a tener el sistema público de pensiones. Para contrarrestar esa situación, la dirigente socialista recomendó al Gobierno del PP la creación de un impuesto de grandes fortunas o que no se disminuyan los ingresos de la Seguridad Social como, asegura, se hizo al dejar de cotizar por los cuidadores de dependientes.
