El Gobierno español pretende maniobrar "con calma y prudencia" ante la posibilidad de solicitar la intervención del nuevo mecanismo de auxilio financiero diseñado por el Banco Central Europeo (BCE) para ayudar a los países que, como España, tienen dificultades severas para financiarse a precios sostenibles en los mercados. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría indicó ayer que un tema así "no puede decidirse a bote pronto ni de la noche a la mañana". En cambio, dirigentes de las organizaciones patronales pidieron una decisión rápida. "España está casi en suspensión de pagos", llegó a decir el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

Aprobada la herramienta del BCE para auxiliar a los países mediante la compra de bonos de deuda, la corriente dominante de expertos y dirigentes públicos considera que España está abocada a recurrir a esa ayuda. Incluso a pesar de que el mero anuncio del Eurobanco ha propiciado una clara mejora en la posición de la deuda española ante los inversores (la prima de riesgo ha bajado 85 puntos en dos días). Según esa tesis, las incógnitas están más en cuándo decidirá el Gobierno la solicitud de rescate (preceptiva, según el BCE) y en cuáles serán las condiciones (ajustes, reformas, vigilancia sobre la política económica...) que llevará aparejadas.

IU auguró ayer que Rajoy esperará a solicitar el rescate a después de las elecciones vascas y gallegas del 21 de octubre, para sortear los costes políticos que conlleva la petición, opinión compartida por un sector de analistas. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dio a entender que el Gobierno no piensa actuar de inmediato. "Cosas tan importantes para el interés general deben analizarse con mucha calma y prudencia; se tienen que tener todos los elementos de juicio sobre la mesa", dijo en línea con el discurso que ha mantenido Rajoy últimamente.

"No hay ninguna especificación sobre la condicionalidad", añadió la también portavoz del Gobierno, en alusión a la incógnita de las contraprestaciones que España tendría que afrontar a cambio de la ayuda. El mecanismo aprobado por el BCE requiere una petición formal de los países a través de los fondos de rescate de la UE (el FEEF, en vigor, o el MEDE, pendiente de entrar en acción) y distingue entre varias líneas de ayuda. Una de ellas, con condiciones de menor intensidad, sería accesible para estados con una posición de solvencia sólida y que cumplen plenamente los compromisos de ajuste presupuestario y reformas y que además carecen de problemas bancarios que supongan una amenaza para la zona euro. En una segunda vía encajarían los estados que, aún siendo sólidos en lo fundamental, incumplen alguno de los requisitos antedichos y a los que se exigirán medidas correctoras (ajustes y reformas).

El Gobierno podría intentar el acceso a la primera de esas líneas de auxilio, presentando las reformas y ajustes ya realizados como avales, pero las dificultades para cumplir el objetivo de reducción del déficit y la situación de la banca lastran las posibilidades de acceder de a ese rescate más "blando". La última palabra, en todo caso, sería de los socios europeos, tras una negociación política determinante.

Sáenz de Santamaría demandó "prudencia" a la CEOE, después de que su vicepresidente y líder de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, emplazase al Gobierno a "decidir lo más pronto posible" si España pide el rescate. "Estamos en un país casi en suspensión de pagos y, cuando una empresa está mal, la alternativa es pedir ayuda. A lo mejor Rajoy decide pedir esa ayuda, pero el tiempo corre y habrá que tomar una decisión lo más pronto posible", señaló. Otra voz de la patronal que apuntó en esa dirección.

El presidente de la vasca Confebask, Miguel Ángel Lujua, señaló: "Teniendo en cuenta que acudir a esta solución (el rescate) es ya inevitable, que se ha perdido demasiado tiempo y que no hacerlo sólo serviría para empeorar nuestra ya delicada situación, resulta una evidencia que cuanto antes se tome la decisión, mejor".