En un momento en que el Gobierno central mete presión al sistema sanitario para reducir el gasto, con medidas como el copago farmacéutico para los jubilados (el 1 de julio) o el dejar sin asistencia a los inmigrantes sin papeles (el 1 de septiembre), la Xunta acaba de poner en marcha un programa específico para controlar las bajas laborales de todos los trabajadores gallegos, no solo de los empleados públicos, para perseguir el fraude y evitar la incorrecta utilización de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario y de la Seguridad Social.

A partir de hoy entra en vigor la orden de la Consellería de Sanidade que refuerza el papel de las Unidades de Saúde Laboral como mecanismo para vigilar y comprobar que las incapacidades temporales se conceden correctamente y se detallan con precisión sus funciones y objetivos para que el programa de control sea efectivo y homogéneo en toda la comunidad autónoma.

Sanidade argumenta que esta actuación se ampara en la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece la colaboración de las comunidades autónomas con el Estado en la coordinación de las funciones "dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios públicos" y que la Consellería, como máxima responsable de la política en materia sanitaria, es la encargada de la inspección y el control de las incapacidades laborales.

En esa orden, Sanidade regula de forma específica la labor de los inspectores y subinspectores de las unidades de salud laboral centrado exclusivamente en el control de las bajas por incapacidad temporal.

La Xunta sostiene que se trata de un medida para "mejorar la eficiencia" de los servicios de inspección y hacer que todos ellos funcionen de forma "homogénea" en las cuatro provincias, pero lo cierto es que va mucho más allá de las funciones reguladas para este colectivo en anteriores normativas, donde básicamente se recogía como sus funciones la vigilancia de las condiciones de trabajo y la adecuación a las medidas de protección de la salud.

Sin embargo, en la nueva orden se desglosan ampliamente todas las competencias y funciones de los inspectores "en materia de incapacidad laboral" para que puedan certificar que las bajas se otorgan correctamente.

Así, entre las funciones de los inspectores sanitarios de la Xunta figuran expresamente la facultad para personarse en el domicilio de los trabajadores de baja para comprobar su situación, entrevistarse con los médicos de Atención Primaria y revisar sus procesos de concesión de incapacidad temporal si encuentra tachas, requerir los informes pertinentes a los facultativos de Atención Primaria y a especialistas o revisar las bajas de los trabajadores a petición de la mutua aseguradora o de la empresas para la que trabaja. Además, podrán recopilar toda la información precisa para emitir un informe posterior sobre la persona de baja, lo que se interpreta como un seguimiento personal para comprobar que no hay engaño.

También podrán citar al trabajador para valorar su estado, anular las bajas laborales o actuar como juez cuando haya discrepancias entre el informe de alta emitido por las mutuas y el informe firmado por los médicos de Atención Primaria.

La Xunta ya dio instrucciones a los médicos para que fuesen más restrictivos a la hora de dar bajas y ahora se refuerza el papel de los inspectores.

El pasado año y con la crisis como razón de fondo para evitar las ineficiencias de gasto, la Xunta ya puso en marcha un programa específico para controlar el absentismo de los empleados públicos. La vigilancia se le encargó también a la Consellería de Sanidade, que asumió así competencias para poder analizar las incapacidades temporales que concede cada uno de los departamentos del Gobierno gallego, que antes de este plan funcionaban como compartimentos estancos.

Según los datos de la Xunta, el programa de control dio sus frutos y solo durante el primer trimestre de este año se consiguió un ahorro de 3,9 millones de euros como consecuencia de la reducción del 17,5 por ciento del nivel de absentismo laboral en la Administración autonómica, un porcentaje que en el caso del Sergas se situó en el 17 por ciento. Así al menos consta en un informe elaborado por la Consellería de Facenda sobre la evolución de las bajas de los trabajadores públicos tras la puesta en marcha del plan de control.

Los datos de la consellería muestran que, solo en el mes de marzo, en tasa interanual (en relación al mismo mes del 2011), el absentismo en la Administración gallega sin contar el personal del Sergas y de Educación descendió en un 27,3%.

Por otra parte, entre enero y marzo del 2012, se iniciaron un total de 2.163 bajas, lo que significa un 23,7 % menos que en el mismo período del año anterior. De acuerdo con los datos que maneja Facenda, el nivel de absentismo laboral en la Administración se ha reducido esta legislatura un 27,1 por ciento, acentuándose esta tendencia en los últimos meses.