Bruselas acelera el paso hacia la unión bancaria. La disparidad regulatoria, histórica o cultural de los sistemas financieros de cada Estado miembro no impedirá, si prospera la propuesta de la Comisión Europea, que el Banco Central Europeo se convierta en algo más de tres meses en un superregulador financiero continental. El presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, presentó ayer la iniciativa.

De manera inmediata, y a partir de enero de 2013, Bruselas pretende que la entidad que preside Mario Draghi asuma la supervisión de las firmas que hayan recibido dinero público. Entre ellas se encontrarían las cuatro nacionalizadas, si antes no se produce una resolución ordenada (venta o liquidación) de alguna de ellas. Las entidades más grandes pasarán a estar controladas desde Fráncfort (sede del BCE, en Alemania) en julio de 2013. La Comisión pretende que el resto hasta las 6.000 entidades financieras de la UE rindan cuentas a Draghi en enero de 2014. Se culminaría así la añorada unión bancaria que persigue Mariano Rajoy que aspira a que un regulador con plenos poderes permita al mecanismo europeo de rescate (ESM) inyectar directamente dinero en la banca española sin que compute como deuda pública.

La propuesta de Barroso pasa por conceder al BCE la autorización de dar licencias bancarias, exigir ratios de capital e intervenir bancos de manera "temprana". Mientras Europa no cree un órgano de liquidación de entidades, esta competencia permanecerá todavía en manos de los estados miembros.

La Comisión Europea lanza esta propuesta a sabiendas de que Alemania no quiere ceder competencias, en especial en la supervisión de sus pequeñas cajas (sparkassen). Barroso señaló que la experiencia reciente "demuestra que los bancos más pequeños también pueden amenazar la estabilidad financiera".

El SSM (single supervisory mechanism, o supervisor único) no va a dejar sin competencias de los bancos centrales de cada país. Estos, como el Banco de España, contribuirán en el "día a día" de la supervisión bancaria por su "experiencia". Las decisiones serán del BCE y a ellas se pretende someter a toda la banca comunitaria.

Entre los requisitos planteados, e incluidos ya en el decreto de resolución bancaria, está el de no usar dinero público para que un banco puente permita el rescate de una entidad. La inyección de capital público para este mecanismo solo será para su resolución.