El precio del transporte de viajeros por carretera afronta un nuevo encarecimiento. El coste del combustible subió un 67% en tres años (el 11% en lo que va de 2012), el pasado 1 de septiembre el IVA aumentó en dos puntos y el viernes el consejo de ministros aprobó el céntimo verde (un nuevo impuesto que gravará el gas natural, el gasóleo y fueloil). Y ahora el Gobierno ha comunicado a las empresas que establecerá un nuevo canon (de aproximadamente el 1% de la facturación) a las 107 rutas nacionales de autocar dependientes del Ministerio de Fomento.

Este nuevo gravamen será aplicado por el departamento que dirige Ana Pastor a medida que venzan las actuales concesiones, todas las cuales saldrán a concurso a partir de este ejercicio. Una decena ya lo han hecho y otras 50 lo harán entre este año y el próximo. El resto de las licencias saldrán a concurso en ejercicios sucesivos.

Fuentes de la patronal del sector aseguraron que el nuevo canon repercutirá en el coste de explotación y que se sumará a los otros factores de carestía que están pesando sobre el negocio del transporte de viajeros. Lo previsible es que las empresas que opten a los concursos de renovación de concesiones incorporen el coste del nuevo canon en el pliego de condiciones, y que, por tanto, los acaben financiando los usuarios, según reconocieron fuentes empresariales, salvo aquellos operadores que sean capaces de competir por las nuevas concesiones con ofertas económicas a la baja a costa de asumir un estrechamiento de sus márgenes.

El sector se muestra pesimista. Según la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebus), este nuevo encarecimiento de los costes se suma una caída preocupante del flujo de viajeros a causa de la crisis y fundamentalmente del paro creciente. Este descenso de la movilidad supuso este verano una reducción del número de viajeros en las líneas de largo recorrido de entre el 7 y el 10%. Según las empresas, esta tendencia ha generado un "déficit de tarifa" (diferencia entre los costes reales de explotación y los precios autorizados) del 12% sobre la facturación, que ha convertido en deficitarias, aseguran, al 74% de las rutas nacionales, lo que los operadores compensan con los beneficios de otras concesiones y líneas de actividad.

"Llevamos tres años reclamando una revisión de las tarifas o una tarifa extraordinaria para compensar el encarecimiento del combustible", dicen los empresarios.

Las nuevas condiciones de los concursos para la renovación de la totalidad de las rutas nacionales aumentará la presión sobre las empresas. Las nuevas adjudicaciones tendrán una vigencia máxima, por imperativo del reglamento europeo de 2007, de diez años y sólo serán prorrogables por un máximo de otros cinco ejercicios si el operador adjudicatario justifica inversiones realizadas en el periodo. Hasta 1987 la duración era de 99 años y desde entonces se redujeron a 20 con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), aprobada durante la etapa de gobierno del PSOE. El Ejecutivo de Aznar la redujo a 15 años. El nuevo plazo de vigencia supondrá, según las compañías, otro factor de presión para la economía de las compañías, que dispondrán de un plazo menos para amortizar sus inversiones en la renovación de flota.

España es, después de Dinamarca, el país de los 27 que forman la Unión Europea con el precio de la gasolina de 95 octanos más alto antes de impuestos, mientras que el gasóleo es el quinto más caro, por detrás del de Grecia, Suecia, Chipre y Portugal, según el informe mensual de supervisión de estaciones de servicio elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La CNE, que realiza sus cálculos a partir de datos propios y del Boletín Petrolero de la UE, indica que el litro de gasolina antes de impuestos alcanzaba en agosto los 0,799 euros, por debajo de los 0,819 euros de Dinamarca, pero cinco céntimos por encima de la media de la UE de 27, de 0,749 euros. En cuanto al gasóleo, el litro antes de impuestos cuesta 0,825 euros en España, frente a la media de 0,789 euros en la UE. Reino Unido, con 0,745 euros, es el país donde este combustible antes de impuestos es más barato. El análisis constata que los impuestos en España son inferiores a la media de la UE, y de que, una vez incorporada la carga fiscal, el coste que asumen los automovilistas españoles está por debajo de la media, aunque este diferencial se redujo entre 11 y 17 céntimos por litro en julio y agosto.

El informe atribuye el encarecimiento de los combustibles en agosto al registrado en las cotizaciones internacionales, que hizo que el precio de la gasolina subiese un 5,5% y el del gasóleo, un 4,4%, el mayor incremento mensual de los últimos años.