Por muchas razones, y no solo por el tradicional encarecimiento de enero, el nuevo recibo de la luz del próximo año viene cargado de cambios. La mitad del precio depende del resultado de la subasta de electricidad del pasado 21 de diciembre, que se saldó con un incremento del 3%. La otra parte, los llamados peajes de acceso que recogen los costes del sistema que están regulados por ley, quedará teóricamente congelada. Pero con matices. Es en ese 50% donde el Ministerio de Industria obliga a repercutir las tasas que actualmente algunas comunidades imponen a las empresas a modo de penalizaciones medioambientales. Como ocurre en Galicia con el canon eólico, con una recaudación superior a los 22 millones de euros por ejercicio y que ahora caerá directamente en el consumidor a través de un "suplemento territorial" específico para cada autonomía.

¿Por qué lo que pagaban los promotores saldrá del bolsillo del ciudadano? "Actualmente, la proliferación de distintos tributos sobre las actividades de suministro eléctrico está provocando que las empresas del sector incurran en distintos costes en función del territorio en que se implanten las instalaciones con las consiguientes distorsiones para la unidad de mercado", justifica Industria en la reciente modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

El departamento que dirige José Manuel Soria advierte que esas variaciones suponen una carga "adicional" para las empresas según donde estén implantadas y que eso podría acabar trasladándose al precio final. "Una decisión de este tipo adoptada en el ámbito autonómico -continúa Industria en un comunicado- afectaría al conjunto de consumidores en el ámbito nacional, en términos que no resultarían justificados". De ahí que para "evitar esta situación", las comunidades que graven "directa o indirectamente las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico", tanto con impuestos propios como con recargos sobre tasas estatales, estarán "obligadas" a imponer el suplemento, "debiendo ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma".

Aunque la reforma de la normativa está en vigor desde el pasado mes de julio dentro del profundo paquete de medidas -entre ellas la del polémico incremento del IVA- para equilibrar las cuentas públicas, la orden de tarifas para 2013, ya con informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que probablemente se publicará mañana, lo recuerda. Hasta el punto de que el Ministerio de Industria eleva a 200 millones de euros la recaudación prevista por los suplementos territoriales en la memoria económica que acompaña al documento.

Pese a la contundencia de la ley y la existencia del cálculo del impacto económico, la Consellería de Economía e Industria interpreta que el canon eólico gallego "no está afectado" por el proyecto de orden porque da por hecho que cuando la ley habla del "suministro" se refiere a la última cadena del sistema eléctrico -la alimentación directa a hogares industrias- y no, como inspira la normativa, a la aportación de energía en un concepto más global, y donde estaría la "generación.

"Que es lo que grava el canon", añaden en el equipo de Francisco Conde, donde además sostienen que, en todo caso, será necesaria una orden posterior a la de las tarifas, como también apunta la CNE, para "recoger los instrumentos por medio de los que se desarrollará" -en referencia a los suplementos territoriales- y que "tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Industria previo acuerdo de la comisión delegada de asuntos económicos".

Desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) confirman que el Ministerio de Industria estima ingresar 200 millones de euros de los "suplementos territoriales" en las comunidades que graven las instalaciones eléctricas como ingresos para 2013. Un encarecimiento conforme a la modificación de los artículos 17.4 y 18.5 de la Ley del Sector Eléctrico -incluida en el decreto de medidas para compensar el déficit público- en vigor desde julio.

"La nueva redacción exige que incorporar el coste de los suplementos territoriales en los precios de los peajes a fin de evitar que decisiones de carácter local incidan en los precios que deben pagar todos los consumidores", recuerda, con la habilitación que en esos mismos cambios se da al departamento de José Manuel Soria "para realizar los desarrollos normativos necesarios para la aplicación de tales modificaciones".

Y eso, hoy por hoy, falta, como apunta el informe del supervisor energético sobre la propuesta de orden para fijar las tarifas de los peajes de la electricidad a partir del 1 de enero. "Ni este último desarrollo normativo ha tenido lugar, ni la Propuesta de Orden de tarifas constituye un desarrollo a tal efecto, pues no se refiere al modo de determinar, gestionar y liquidar los suplementos territoriales. A falta de desarrollo previo, no cabe considerar entre los ingresos liquidables las cantidades procedentes de suplementos territoriales", advierte la CNE.

El organismo hace hincapié en la obligación que supone para las autonomías la normativa, y que los consumidores de esa zona lo afronten. "Ello determina que los suplementos se incluyan en el sistema de liquidaciones", añade, en referencia al reparto que la CNE tiene que hacer de los ingresos por el servicio entre todos los agentes implicados en la actividad energética. Porque las empresas que suministran directamente la luz funcionan a modo de recaudadores.

"Pues bien -continúa-, el sistema de liquidaciones se configura como una bolsa de liquidaciones sin personalidad jurídica ni patrimonio propios, de la cual la CNE actúa como mero gestor. Es decir, todos y cada uno de los fondos tienen el origen y destino que señala la Ley y las partidas de ingresos liquidables están perfectamente determinadas".