El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, aseguró ayer que la venta de Catalunya Banc y Novagalicia podría realizarse antes del plazo previsto de cinco años si mejoran las condiciones y el "apetito" inversor, como ya está previsto en los planes de reestructuración, que dan un límite de "hasta 5 años". Jiménez Latorre destacó que el objetivo es recuperar para el contribuyente el máximo invertido en estas entidades, lo que no hace "descartable" adelantar los plazos "si cambia la situación de mercado". La cúpula de Novagalicia, que mantiene su plan de privatizar la entidad con la entrada de fondos de inversión, dio por hecho que llegarían mucho antes del plazo máximo.

Novagalicia banco está a punto de pasar una nueva reválida en el proceso de reestructuración bancaria que le permitió recibir 5.425 millones de euros con cargo al rescate europeo. Los hombres de negro, como bautizó el ministro Montoro a los técnicos de la troika „Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional„ acaban de desembarcar en Madrid para comprobar si España cumple los compromisos del memorando de entendimiento que firmó para abrir la puerta al rescate de la banca de hasta 100.000 millones de euros „de los que se pidieron 40.000„ y si las entidades actúan según lo previsto en sus planes de reestructuración financiera.

En el curso de sus pesquisas, los funcionarios se entrevistarán con los responsables de las autoridades supervisoras y con los directivos de 13 entidades financieras y a Novagalicia le tocará pasar revista mañana, el mismo día que Catalunya Banc y Bankia. Los representantes de la troika se reunirán ese día con directivos del Santander, que junto con las otras cuatro grandes, serán invitadas a explicar sus resultados económicos y expresar su punto de vista sobre la situación actual y las repercusiones sobre el sector de las nuevas exigencias, como el incremento de las provisiones por refinanciación de créditos. Dentro de estas entidades consultadas estarán también BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank.

Las nacionalizadas y aquellas entidades que no estándolo recibieron ayudas, tendrán que dar explicaciones durante unas dos horas sobre su reorganización. La del jueves sin embargo no es la primera cita a la que acude el equipo de José María Castellano, que ya se enfrentó con otros dos encuentros de este tipo. Fuentes financieras explicaron que a estas reuniones acuden normalmente José María Castellano y César González-Bueno y varios de sus directores generales.

En ellas, los técnicos evalúan los pasos que la entidad ha dado en su plan de reestructuración, y en este caso, analizarán también sus resultados económicos „con 21,1 millones de euros en el primer trimestre„. Según ha podido saber este diario, la troika revisa las cifras de la entidad, sus fuentes de financiación y sobre la marcha del reparto de cargas o burden sharing impuesto para que accionistas y titulares de productos híbridos asuman quitas.

Los contactos de los técnicos de la troika con la banca arrancaron ayer, con citas en el Banco de España con responsables de Unicaja y Liberbank y seguirán hoy con Sabadell, Ibercaja, Banco Mare Nostrum y Banco Ceiss. El viernes, será el turno de CaixaBank, Banco Popular y BBVA, aunque esta agenda podría sufrir cambios. Las reuniones de esta semana son "informales" porque la visita oficial empezará la semana que viene. Su informe se hará público a inicios de junio.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reveló ayer en el Senado que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente de su Ministerio, está analizando las auditorías hechas en las entidades nacionalizadas "para ver si se han ajustado a la buena práctica contable". De Guindos contestaba a una pregunta de un senador de IU sobre si el Gobierno había investigado posibles prácticas abusivas, cuando anunció las revisiones. Se trata, dijo, de "inspecciones técnicas" a las auditorías de empresas como Deloitte (que supervisó las cuentas de NCG, Catalunya Banc y Bankia) y KPMG (CAM) como la que ya se hizo a Banco de Valencia, a quien se le abrió un expediente sancionador. El ministro aseguró que estas revisiones no tienen por qué suponer la apertura de un expediente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de Estado por la venta masiva de participaciones preferentes a ahorradores sin cualificación financiera en la que alerta de "poderosos indicios de la posible existencia de un engaño estructural de dimensiones desconocidas hasta la fecha". "Nos enfrentamos a un conflicto sin precedentes en nuestra historia democrática", dice la OCU, que exige que se depuren responsabilidades entre la banca y organismos supervisores.