Corría el 2005 de la alegría en la construcción y Caixa Galicia alimentaba sus resultados con una expansión crediticia desmesurada en la zona de Levante. La caja que cerró ese ejercicio con un beneficio de 212,3 millones de euros -casi el doble que en 2004- destinó a inversión crediticia casi 20.000 millones de euros, un 35% más que el año anterior. Fue en aquel año "excelente" como se atrevió a calificarlo a principios de 2006 un exultante José Luis Méndez cuando se pusieron los cimientos del proyecto In Tempo, un rascacielos compuesto por dos torres gemelas rematadas en una especie de copa a 180 metros sobre el nivel del mar que todavía hoy y tras cientos de dificultades sigue en construcción en Benidorm.
La caja gallega concedió entonces un crédito de 93 millones de euros a la promotora del complejo In Tempo, Olga Urbana, que había sido constituida en octubre de 2004 con un capital de sólo 3.100 euros, poco más del mínimo para la creación de una sociedad mercantil, por dos conocidos promotores de la zona y un conocido hotelero.
El proyecto, presupuestado en unos 100 millones, pasaba por construir el edificio residencial más alto de Europa, con 269 viviendas distribuidas en 47 plantas. La torre que entonces se publicitaba como "un incuestionable estandarte de futuro" en el Benidorm de los rascacielos se ha convertido en un monumento a la burbuja inmobiliaria, a la megalomanía que un día compartieron arquitectos, promotores y banqueros.
El crédito de Caixa Galicia fue heredado por Novacaixagalicia y luego por el banco que preside José María Castellano, que en diciembre pasado lo incluyó dentro del paquete de activos inmobiliarios que transfirió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el banco malo o (Sareb), que aplicó al crédito una quita del 50%, hasta los 52 millones. La sociedad semipública busca una solución para deshacerse de este mastodonte de hormigón y acero con el 20% de los trabajos pendientes, pero no parece fácil.
Para empezar porque a la Sareb le pertenece el crédito, pero el edificio es propiedad de Olga Urbana y ésta firmó un contrato con la inmobiliaria Maxxima, única autorizada a vender sus viviendas. El edificio que empezó a construirse en 2006, se paralizó en 2009 y volvió a arrancar un año después, tiene una corta historia plagada de despropósitos, encontronazos entre los agentes implicados, denuncias de estafa, impago y ahora ha encontrado la guinda al tétrico pastel en la dimisión, el pasado mes de mayo, del equipo de arquitectos que lo diseñó, que alertan de que los recortes de presupuesto comprometen "la seguridad de la obra, las calidades de los acabados, el mantenimiento del futuro edificio" y han variado "el diseño inicial del proyecto".
El proyecto dio muestras de debilidad ya en 2008 cuando Olga Urbana acumulaba unas pérdidas de 4.059 millones de euros y una deuda con la banca de 62,75 millones. Un año después la empresa que lo construía entraba en liquidación y Caixa Galicia optaba por paralizar la obra. Según El País, la caja decidió entonces estudiar la viabilidad del proyecto y, tras considerar que tenía futuro, contrató los servicios de un project manager -una sociedad intermedia entre la entidad y la promotora- , la firma madrileña Suasor, a la que encomendó controlar los gastos del proyecto a cambio de una cantidad fija al mes.
Mientras, los trabajadores de Olga Urbana decidieron constituir otra empresa, Kono, para continuar la construcción y presentaron su proyecto a Suasor que, en cambio, quiso adjudicárselo a otra firma madrileña, denominada Eyte. Esta constructora tenía un proyecto calcado al de Kono, aunque repleto de errores y con un presupuesto inferior, al límite de la baja temeraria, según El País, por lo que la inmobiliaria Maxxima, se impuso y exigió que Kono asumiera los trabajos.
Desde entonces la relación entre esta constructora y la entidad controlada para vigilar los costes fue de mal en peor y parece haber precipitado la renuncia de los arquitectos Olcina, Raduán y Pérez Guerras, según lamarinaplaza.com.
La construcción del rascacielos volvió a arrancar en 2010 con constantes diferencias con Caixa Galicia, que llegó a exigir que los trabajadores de la constructora domiciliasen sus nóminas en la caja. Esta segunda fase de los trabajos, con la burbuja completamente estallada y la caja única a punto de nacer, estuvo plagada de conflictos y despropósitos constructivos. La alegría con la que el proyecto había arrancado cinco años atrás dio paso a una dieta de adelgazamiento salvaje. Y es que Caixa Galicia ya había sido advertida por el Banco de España de los riesgos que escondían sus cuentas, su amenaza de inviabilidad y de la necesidad de buscar un matrimonio con otra entidad para limpiar el lastre del ladrillo acumulado en una "expansión sin control".
El proyecto no previó la instalación de un montacargas para los peones de la constructora hasta que se completó el piso 41 que los operarios levantaron subiendo y bajando por las escaleras. Meses después de instalarse el ascensor de obra, se cayó y provocó heridas graves a algunos de los trece trabajadores que transportaba y a los que las ambulancias tuvieron dificultades para socorrer porque la obra no tenía habilitada la entrada para vehículos para ahorrar costes.
La plantilla acumuló varios meses sin cobrar en 2011 y amenazó con movilizaciones pero la promotora amenazó con despedirlos. Meses después, iniciado ya 2012, los promotores repararon en que se habían olvidado de incluir un hueco para el ascensor. Es en este contexto en el que se produce la dimisión de los arquitectos, que se limitaron a atribuir su decisión a la "pérdida de confianza en la relación promotor-arquitecto".
Dependiendo de las fuentes que se consulten, al edificio le falta entre un 10 y un 20% para estar terminado, y el banco malo, que lo ha valorado en 45 millones busca en colaboración con los propietarios de Olga Urbana una solución para concluir el edificio, ajustar los precios de sus viviendas a la situación actual del mercado, y venderlo a lo largo de los próximos tres años.
Uno de los promotores, José Ignacio de la Serna, explicó a lamarinaplaza.com que la previsión es terminar el edificio en unos meses y empezar a escriturar las viviendas en diciembre. De las 269 hay 80 ya vendidas, lo que lejos de presentar una ventaja, es una dificultad añadida para el banco malo, que ha recibido ofertas de inversores rusos para adquirir todo el inmueble sin propietarios para gestionarlo como un conjunto.
La publicidad del proyecto sitúa el precio de un apartamento con terraza en el In Tempo en 330.000 euros, una cifra que la Sareb rebajará en las próximas semanas con el ánimo de venderlo. Como los tiempos del derroche y la burbuja, atrás quedan también las formidables cifras del mayor rascacielos de Europa: El Ayuntamiento de Benidorm lo valoró en casi 17 millones; las aseguradoras lo tasaron en unos 30 para cubrir la responsabilidad profesional de quienes trabajaron en él; los arquitectos calcularon que su construcción costaría 45 y Caixa Galicia se planteó terminarlo por 40.
La caja puso 93 de los 120 millones que el promotor solicitó para comprar la parcela de 10.000 metros cuadrados y otro terreno residencial, pero la caja acabó por aportar 90. La digestión de este gigante correrá a cargo, al menos en parte, del erario público.
