Mientras los juzgados de toda España engordan la larga lista de imputaciones por malversación, cohecho, o tráfico de influencias contra cargos políticos o miembros de la familia real y los exdirectivos de las cajas quebradas acusados de estafa eluden la cárcel pese a las peticiones en contra de la Fiscalía Anticorrupción, unos 300 sindicalistas de toda España se enfrentan a ingresar en prisión por haber participado -como piquetes informativos- en manifestaciones, concentraciones o huelgas de los más diversos sectores. Las penas que les piden suman 120 años.
En la lista se incluyen los casos de cuatro gallegos cuyo destino pende de que el Ministerio de Justicia apruebe un indulto que les evite la cárcel. Dos son empleadas de piscinas municipales y tendrían que empezar a cumplir condena en los próximos días, a pesar de que una de ellas está embarazada.
Los cuatro gallegos fueron condenados a tres años y un día por un delito de coacciones a la promoción de huelga (no respetar el derecho a trabajar de quien no quiere hacer huelga) por participar en un piquete informativo. Es la pena máxima prevista en el Código Penal para esta infracción y, según los sindicatos, la preferida por los fiscales que han llevado los casos contra sindicalistas. Hechos como los ahora condenados han existido siempre pero desde hace dos años, los fiscales -dicen los sindicatos- han cambiado de criterio sobre el derecho de huelga y el delito de coacciones.
"Es curioso que los fiscales defiendan más el derecho a trabajar durante una huelga que el propio derecho de huelga, que la Constitución reconoce como fundamental, y que se vulnera sistemáticamente sin que los empresarios sean condenados por ello", explica Teté Pérez Pardo, responsable de Medios, Cultura y Deporte de CCOO en Galicia.
Los de Galicia ni siquiera son los casos más sangrantes. La Fiscalía pidió en febrero pasado ocho años de prisión para ocho trabajadores de Airbus en Getafe (Madrid) que participaron en un piquete que acabó en un altercado con los antidisturbios durante la huelga general de 2010. A cuatro años se enfrenta la secretaria general de CCOO en Baleares, acusada de romper el cristal de un autobús durante un piquete por la huelga general de 2012. Como en otros casos, los sindicatos defienden que la dirigente es inocente y que no hay pruebas de que fuese la autora de los daños, y advierten de que lo que empezó a tramitarse como una denuncia por daños materiales derivó, por decisión de la Fiscalía, en un delito contra los trabajadores.
Algo similar les ocurrió a A.O y T.V, dos profesoras de gimnasia que el 8 de febrero de 2010 participaron delegadas de CCOO en una protesta en el vestíbulo de la piscina municipal de Campolongo (Pontevedra), dentro de una huelga contra el bloqueo del convenio. Durante la concentración, un grupo de personas empujaron al gerente de la instalación y arrojaron pintura y jabón a la piscina, pero nadie fue capaz de identificar a los autores del ataque. El gerente de la piscina de Campolongo conocía a T.V porque había trabajado allí y el coche de A.O estaba aparcado en el recinto. Esas son las pruebas de cargo que, según CCOO, hay en su contra.
La Audiencia Provincial de Pontevedra las juzgó y condenó a seis meses de cárcel, pero la Fiscalía recurrió y logró la pena máxima, tres años y un día, además de una multa de 1.200 euros.
Su ingreso en prisión es inminente aunque su petición de indulto está en trámite y acaba de ser avalada por el Parlamento gallego. Hasta el propio fiscal que exigió elevar la condena acaba de firmar un informe favorable a la medida de gracia sobre la que el Ministerio de Justicia tendrá que decidir en los próximos días. De no ser así, ingresarán en prisión y T.V, embarazada de cinco meses, dará a luz allí.
Este caso se une al de Serafín Rodríguez, militante de la CIG, y Carlos Rivas (de UGT), de Vigo, quienes en abril de 2008 participaron en un piquete durante una huelga de transporte de mercancías en Pontevedra. Formaban parte de un grupo de 80 personas concentrado en una rotonda en Bouzas (Vigo) en el que alguien lanzó piedras contra los camiones que mantenían su actividad. Los tres sindicatos gallegos sostienen que nadie fue identificado como autor y Serafín Rodríguez alegó que ni siquiera había llegado a tiempo de ver las pedradas. Fueron condenados a tres años de cárcel en 2009 en una sentencia que la Audiencia Provincial de Pontevedra ratificó dos años después. Los sindicalistas están a la espera de que se resuelva su segunda solicitud de indulto -el primero fue rechazado en diciembre- y aunque a diferencia del caso de A.O y T.V, el juez estableció que no ingresasen en prisión hasta que su expediente se solucionase, la Fiscalía recurrió esa resolución para exigir la ejecución inmediata de la sentencia.
El caso del secretario confederal de Negociación Colectiva de la CIG, Antolín Alcántara, está también pendiente de varios recursos. Fue condenado primero a nueve meses por "invadir" la estación marítima de Vigo durante una huelga del naval en 2009 y a un año por la ocupación del edificio de la Xunta durante otra huelga, en 2007. Al tener antecedentes, Alcántara tendría que cumplir la segunda condena, pero tanto él como el fiscal recurrieron el fallo, en el caso del Ministerio Público, para elevar la pena de prisión.
Otros tres sindicalistas -Carlos Búa (CCOO), Marcos Cadórniga y Carlos Alján (CIG)- fueron condenados en 2012 a tres años y un día de cárcel, aunque tras un recurso fueron absueltos.
UGT, CCOO y CIG, que atribuyen esta coincidencia de sentencias a una campaña para amedrentar a los sindicatos que tanto se han protestado contra los recortes, se manifestaron ayer en once localidades gallegas para denunciarlo.
