Alcoa cumplió ayer su amenaza y anunció el inicio de una negociación con los trabajadores para ejecutar un despido colectivo en las dos plantas que tiene en A Coruña (con 395 trabajadores) y Avilés (otros 400) que abocaría al cierre los dos recintos. Alcoa citó a los sindicalistas para iniciar el jueves la negociación del despido colectivo, pero no concreta cuántos de los casi 800 trabajadores que suman las dos fábricas se verán afectados ni si, como temen los empleados, detrás de esta medida se encuentra el cierre de alguna o de las dos factorías. Según fuentes de la compañía, la decisión todavía no está tomada y saldrá del periodo de consultas de un mes que se da para llegar a un acuerdo con la plantilla.
"La falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y A Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo a partir del 1 de enero próximo", alegó ayer la multinacional para justificar las bajas.
Alcoa explica así las medidas de ajuste en el resultado de la subasta del servicio de interrumpibilidadajuste subasta -una bonificación millonaria al recibo de la luz que los grandes consumidores reciben a cambio de cesar o interrumpir el consumo eléctrico en caso de emergencia- en la que la multinacional consiguió sólo tres de los seis bloques de 90 megavatios (MW) a los que optaba, cuatro para la planta de San Cibrao, en Lugo y una para cada una de las dos fábricas de A Coruña y Avilés. Las dos factorías más pequeñas no lograron sus incentivos, por lo que, tal y como ya publicó este diario, el incremento de costes eléctricos les llevaría a pérdidas de 8 millones.
Alcoa precisó ayer que el coste de producir sin bonificaciones a la tarifa eléctrica eleva en 350 euros el precio por tonelada de aluminio producida, un 20% más, al pasar de os 1.770 euros de media actuales (con una prima de 35 euros por megavatio consumido) a 2.120 euros.
La dirección de la compañía se mostró ayer dispuesta a estudiar las posibilidades que se abran durante el periodo de consultas; entre ellas, la celebración de una segunda subasta que el Ministerio de Industria se comprometió a convocar antes de fin de año para repartir los entre 600 y 700 megavatios por valor de unos 200 millones, que quedaron desiertos en la puja de los paquetes más pequeños, de 5 MW interrumpibles, cuyo precio se desplomó en la subasta. Fuentes de Alcoa precisaron ayer que además de los dos bloques de 90 MW, la firma necesitaría otros cuatro bloques de 5 MW para cada una de las dos fábricas, por lo que no pujó en la primera subasta porque sus precios eran demasiado bajos.
Alcoa renuncia así a esperar a que el Ministerio de Industria aclare las normas de esa segunda puja y si se organizará también con dos bloques para grandes y medianos consumidores y el precio de salida para decidir sobre los recortes. Este diario intentó ayer sin éxito conocer cómo y cuándo se determinarán estas condiciones, pero Industria sigue sin contestar. Con el anuncio de ayer, Alcoa cumple la amenaza que el expresidente de en España vertió en 2012 -en una entrevista publicada por LA OPINIÓN A CORUÑA-: si la firma no era capaz de conseguir un recibo eléctrico ventajoso, cerraría sus factorías en España. Fue después de que el Gobierno finiquitase la tarifa de grandes consumidores, la llamada G-4 por orden de la Unión Europea, lo que llevó a modificar el sistema de interrumpibilidad para garantizar la viabilidad de Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc.
Protestas de los empleados
La plantilla de la planta coruñesa de Alcoa, que hoy se reunirá en asamblea para decidir un calendario de movilizaciones, lamentó la decisión "desproporcionada" de la compañía, a la que acusa de usar a los trabajadores como "arma arrojadiza" contra el Ministerio de Industria. "Es algo que no estamos dispuestos a consentir", expresó el comité de empresa en una nota de prensa en la que también insta al Gobierno a convocar una segunda subasta "en unas condiciones en las que nuestra fábrica no se vea perjudicada por el nuevo sistema que acaban de poner en marcha". Los representantes sindicales consideran además incomprensible que se cree una herramienta como la interrumpibilidad para grandes consumidores en la que el "mayor consumidor de energía del país" se pueda quedar fuera y "cerrar sus plantas" y demandan un nuevo sistema de reparto, acorde al consumo y los costes energéticos de cada industria.
El presidente del comité, Nazario Arias, cree que la multinacional está echando un pulso al Ministerio de Industria pero denunció que deje a los trabajadores en medio del conflicto, como ya ocurrió en 2012.
