La amenaza de cierre se cierne sobre las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias), con 400 empleos directos cada una, pero existen sombras sobre los verdaderos motivos. El anuncio de que la aluminera no logró los incentivos eléctricos necesarios para garantizar la rentabilidad de las dos plantas en la subasta celebrada en la tercera semana de noviembre y la advertencia de la multinacional de que esta situación pone en entredicho su viabilidad, sacudió a los trabajadores de A Coruña y Avilés y provocó numerosas reacciones en Galicia y Asturias. En el caso de la fábrica coruñesa el posible cierre afecta a 400 empleos directos y a más de 100 indirectos, pero puede provocar también un descenso de la actividad en otras grandes firmas del entorno. Y con el paso de los días crece la preocupación en el ámbito sindical y político ante el temor a que la amenaza tras la subasta de interrumpibilidad no sea más que la última excusa de la multinacional americana para seguir soltando lastre en Europa y deshacerse de unas fábricas a las que ya había puesto la cruz hace tiempo.

La capacidad de producción primaria de aluminio en el viejo continente se redujo en el último lustro en un tercio por el cierre de plantas -varias de ellas propiedad de Alcoa, como las italianas de Portovesme y Fusina- y por los recortes de producción (como en el caso de las factorías de A Coruña y Avilés). El problema de Alcoa va más allá de los Pirineos y lo recuerdan constantemente desde la Asociación Europea del Aluminio: "El sector en el continente ha perdido competitividad a causa del coste al que le someten las políticas de la UE".

Para mirar al futuro de Alcoa, sin embargo, es necesario mirar también a su pasado. El gigante mundial del aluminio adquirió la entonces Inespal (antes Endasa) en 1998. Según fuentes del sector, fue un "chollo" para los americanos. El Estado vendió Inespal por unos 400 millones de dólares, pero 200 se cancelaron como deuda y el acuerdo incluyó un contrato de electricidad que ataba a las arcas públicas durante años y que se fue prorrogando hasta 2013, previas advertencias de la aluminera. Así las cosas, la multinacional recibió cuantiosas bonificaciones para ver rebajada su factura de la luz, que supone más o menos el 40% de sus costes de producción. Cuando se acabaron las vacas gordas, llegaron los truenos. "Cerraremos las plantas de España si no hay acuerdo satisfactorio para la tarifa eléctrica", aseveró en una entrevista en 2012 el entonces presidente de Alcoa en España, José Ramón Camino de Miguel. Hubo un nuevo "parche" y la puerta de Alcoa permaneció abierta. Pero con la pérdida de sus bonificaciones eléctricas en la subasta de interrumpibilidad de noviembre la luz roja se encendió de nuevo. La interrumpibilidad es una compensación que las arcas públicas aportan a las empresas por estar dispuestas a parar sus fábricas en caso de peligro de desabastecimiento cuando hay mucha demanda.

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Fuentes del sector aluminero reconocen que "no es normal" que se apliquen esos incentivos eléctricos a las grandes consumidoras cuando España "produce un 30% más de electricidad de la que consume". Es decir, no hay que interrumpir el suministro de estas grandes compañías porque sobra potencia. Las mismas fuentes apostillan a renglón seguido que el precio medio de la energía en España es el tercero más alto de Europa, por detrás de Chipre y Malta.

Bonificaciones similares a las españolas las había también en otros países, como Italia. Pero el Tribunal de Justicia de la UE confirmó en 2013 que Italia debía recuperar 295 millones de euros en ayudas ilegales concedidas a Alcoa consistentes en una tarifa preferencial de electricidad. La respuesta de la multinacional aluminera estadounidense fue inmediata: el cierre de las plantas de Portovesme (Cerdeña) y Fusina, ambas de aluminio primario, y la reducción de la producción de nuevo en A Coruña y Avilés, que están funcionando a poco más del 60% de su capacidad.

La caída de la producción es una táctica de mercado de Alcoa, según fuentes del sector: "Para subir el precio del metal, Alcoa redujo producción de modo que la oferta sea menor y suban los precios. Las fábricas de A Coruña y Avilés han subsistido por la energía eléctrica barata, primero por los acuerdos de precios especiales y después como consecuencia de la compensación por la interrumpibilidad. La producción de aluminio básico tiene como principales materias primas la bauxita y la energía eléctrica. En países con recursos hidroeléctricos, como Canadá o Islandia, producir es barato. Pero han ido cerrando las plantas donde la electricidad es cara, como es el caso de Italia".

Fuentes del sector lo tienen claro: "O hay un precio político especial para las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, o cerrarán porque no son viables". Y en este contexto, ¿despejará una nueva subasta eléctrica el futuro de sendas plantas? En el sector son poco optimistas y la propia multinacional lanza día tras día el mismo mensaje: "Alcoa necesita un precio de energía competitivo y predecible en el tiempo para que sus fábricas sean viables". Y la subasta supone un "parche" para respirar un año más.

De las nueve fábricas que poseía Alcoa en España en 1998, cuando adquirió Inespal, mantiene tres: las de A Coruña, Avilés y San Cibrao (Lugo), esta última con "un mejor posicionamiento por la economía de escala y por su tecnología más eficiente". En los últimos meses vendió las de Amorebieta y Alicante -también la francesa de Castelsarrasin- al fondo de inversión Atlas Holding. Fuentes del sector aseguran que la multinacional lleva desde hace un año barruntando la venta de las plantas coruñesa y asturiana. "Alcoa no está vendiendo solo en Europa, también en Australia. Está en retirada. Ya hay negociaciones en marcha para que la fábrica de Avilés se incorpore al proceso de venta de Atlas Holding. Y quizás es lo mejor que le podría pasar a esa fábrica", advierten las fuentes consultadas.

Las opciones para mejorar la viabilidad de las plantas de A Coruña y Avilés, que son gemelas, también pasan por inversiones en las instalaciones y por la fabricación de productos con valor añadido -produce placas de aluminio, tochos, bandas y lingotes-. El marco regulatorio español y europeo no contribuyen a la competitividad del sector, según la Asociación Europea, que viene reclamando precios de la energía competitivos. La industria del aluminio factura en Europa 36.800 millones de euros, emplea a 250.000 personas y genera más de un millón de puestos indirectos. El 51% del aluminio que se consume en el viejo continente es importado y 27 países de la UE han perdido desde 2007 el 36% de producción primaria de aluminio por el cierre de fábricas.

Precisamente, el diputado de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) en el Parlamento gallego Antón Sánchez aseguró ayer que situación actual en que se encuentra la fábrica coruñesa de Alcoa es "fruto de decisiones políticas que tienen que ver con la privatización de Inespal en 1998", que se produjo "en condiciones ventajosas siempre para la empresa, a la que se subvencionó el precio de la electricidad durante 15 años sin que cumpliese ninguna de las contrapartidas exigidas". Esa privatización se produjo durante el Gobierno de José María Aznar, por lo que Sánchez culpó al PP y al presidente de la Xunta de esta situación: "Parece muy hipócrita por parte del señor Feijóo hablar de culpas a una multinacional que busca su máximo beneficio cuando su partido y él mismo fueron los artífices de retirarles los mecanismos legislativos de control sobre su actividad, con la mal llamada liberalización".