Los altos costes de la electricidad para empresas con grandes consumos -como Alcoa o Megasa- provocan gran incertidumbre en la industria gallega y el riesgo de pérdida de importantes empresas del sector cuando se producen cambios, por leves que sean, en los precios de la energía. Es lo que ocurrió a finales del año pasado con la subasta de la interrumpibilidad -los incentivos que el Gobierno da a las empresas electrointensivas- y la amenaza de Alcoa de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés (Asturias), con 400 trabajadores cada una. Cada vez son más las voces que reclaman un marco energético estable para estas empresas y los últimos en pronunciarse han sido los economistas gallegos, que consideran que el Gobierno debería garantizar un precio competitivo de la energía a empresas como la aluminera Alcoa o la siderúrgica Megasa (con sede en Narón).
Una encuesta sobre temas actuales incluida en el Barómetro de Economía, elaborado por el Consello Galego de Economistas y correspondiente al segundo semestre de 2014, revela que el 79% de los entrevistados defiende que el Ejecutivo central debe garantizar una tarifa competitiva para las empresas electrointensivas con el fin de evitar la fuga de empresas o la reducción de la actividad industrial en la comunidad. De hecho, en el informe destaca que entre los economistas de A Coruña -más próximos a la problemática de Alcoa, con fábrica en A Grela- hay un 20% que estima que las firmas con grandes consumos deben tener energía a precios competitivos a nivel internacional aunque ello suponga un coste para la Administración.
El estudio, presentado ayer en Ourense por el director de la publicación y vicedecano del Colegio de Economistas de A Coruña, Venancio Salcines, y por la directora del informe y profesora del departamento de Análisis Económico de la Universidade da Coruña, María Jesús Freire, revela también que el 48% de los encuestados sostiene que las líneas de crédito para empresas y familias son todavía escasas, frente a un 26% que nota una leve mejoría y un 22% que no percibe cambios.
El acto -al que asistieron también el presidente del Consello Galego de Economistas y decano del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel Vázquez Taín, y el decano del Colegio de Economistas de Ourense, Guillermo Díez- sirvió para constatar que los profesionales gallegos están preocupados por la influencia que los casos de corrupción tienen en la recuperación económica: el 76% de los entrevistados considera que la corrupción afecta al crecimiento.
El Barómetro de Economía del segundo semestre de 2014 muestra pese a todo un cambio de tendencia hacia una percepción más positiva sobre el futuro económico. El 24% de los colegiados califica de "mejor" la situación económica gallega, frente a un 48% que la ve "igual" y un 27% que estima que es "peor".
