El Gobierno toma el control absoluto de los fondos de formación

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la reforma de la formación profesional. La norma resta poder a la patronal y los sindicatos en la gestión de la formación. Toda la capacidad de decisión sobre el dinero, financiado con cotizaciones de empresas y trabajadores, pasa al Gobierno. Según su criterio, la reforma permite dotar al sistema de una mayor transparencia para evitar el riesgo de fraudes.

A decir de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se evita que los agentes sociales sean juez y parte en la formación y, permitirá, que sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas.

El Gobierno creará también una unidad dentro de la Inspección de Trabajo que se encargará de vigilar y perseguir el fraude y que aplicará duras sanciones. Báñez aseguró que ha dialogado con los agentes sociales hasta la "extenuación", aunque no se llegó a un acuerdo sobre la formación. Los sindicatos sin embargo se apresuraron ayer a criticar el nuevo texto y el "papel decorativo" asigna a las centrales y los empresarios.