El Gobierno ultima el marco de subastas de la interrumpibilidad con tres años de vigencia

El Gobierno ultima la modificación del marco regulatorio del servicio de interrumpibilidad -los incentivos eléctricos a las empresas grandes consumidoras de energía a cambio de que reduzcan o suspendan su consumo energético cuando el sistema no logra atender la demanda- con la previsión de que el resultado de las subastas tenga una vigencia de tres años, lo que daría más estabilidad a empresas y fábricas como la que la aluminera estadounidense Alcoa tiene en A Coruña. La intención del Ministerio de Industria, según explicaron ayer varios representantes del sindicato CCOO, es aprobar los cambios "cuanto antes". "El Gobierno trabaja en un marco a tres años y su intención era aprobarlo en junio. Sea como sea, dice que intentará sacarlo adelante cuanto antes", señaló el responsable estatal de Política Industrial del sindicato, Juan Carlos Álvarez Liébana, durante una rueda de prensa previa a unas jornadas en A Coruña sobre la incertidumbre que pesa sobre los grandes grupos industriales como consecuencia de la elevada tarifa eléctrica en España y su volatilidad. "Aunque no se celebre ya la subasta, saber cómo va a ser tendrá sus efectos", apuntó Álvarez Liébana, en referencia a ajustes pendientes como los salariales planteados por Alcoa en sus plantas coruñesa y asturiana tras la reducción de los incentivos eléctricos respecto a 2014.

El sindicato CCOO exige que a la mayor vigencia de la pujas -tres años, según anunció el Gobierno en la última Mesa de la Energía- se sume también "un mayor abanico de bloques" en la subasta. El año pasado hubo de dos tipos, de 5 megavatios (MW) y de 90 MW, y la central sindical exige que haya bloques intermedios para responder mejor a las necesidades de las distintas firmas que optan a la interrumpibilidad. "Hay empresas que igual no necesitan esos 90 MW, que es lo que precisan cinco o seis grandes consumidoras que tienen que competir con otras que no consumen tanta energía", explicó el responsable de Política Industrial de CCOO.

"De hecho, la asociación de grandes consumidores de energía ya planteó antes de la anterior subasta la dificultad que entrañaba la existencia de solo dos tipos de bloques. Dos bloques de 5 MW es mucho para algunas empresas y uno solo se les queda escaso. Por lo que necesitarían un bloque de 7 MW", ejemplificó la secretaria de Desarrollo Industrial de la Federación de Industria del sindicato, Palmira García. "Para otras con mayor consumo igual eran necesarios bloques de 30 o 45 megavatios", añadió esta sindicalista. "Sería una forma de evitar, entre comillas, esa competencia desleal [de empresas con menos consumos que aspiran a los bloques de 90 MW]", apostilló Álvarez Liébana.

Los representantes estatales de CCOO también reclamaron que el Gobierno devuelva al sistema los 42 millones de euros que sobraron este año de las primas a la interrumpibilidad y criticaron la constante reducción de esta partida, con 508 millones en 2015, frente a los 700 millones del modelo anterior.

El sindicato, más allá de los cambios en el sistema de interrumpibilidad, defiende una reforma profunda del sistema eléctrico español que dé estabilidad a las empresas y les permita ser competitivas. Para ello, reclama una planificación a largo plazo y de largo recorrido. "Tiene que regularse a 10, 20 o 30 años. Si Europa habla de políticas hasta 2030 o 2050, no se puede hacer un plan a cinco años porque no permite la planificación a empresas con costes energéticos que suponen entre el 40 y el 60% de sus gastos", sentenció Álvarez Liébana.

Para que estas compañías ganen en competitividad, apuntan los responsables de CCOO, la clave está en reducir el recibo eléctrico, no en ajustes salariales a la plantilla. "Como en el caso de Alcoa: la factura energética supone el 50% de sus costes, mientras que los salarios entre el 6% y el 10%. Gana más competitividad con cualquier pequeño recorte de la tarifa eléctrica", concluyen los sindicalistas.

Comisiones Obreras lamenta que las últimas reformas del Gobierno no han servido para reducir los costes energéticos en España, "que sigue con una de las tarifas más elevadas de Europa", y para poner fin a esta situación demanda un sistema que dé garantías a las empresas y favorezca la vuelta de las inversiones a la gran industria.