Los socios de Sargadelos buscan un pacto extrajudicial sobre el legado de Díaz Pardo

Los accionistas de Sargadelos han decidido darse un tiempo para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a los procesos judiciales que tienen abiertos. Ayer tenía que haberse celebrado el primero de los juicios señalados por el juzgado de lo Mercantil de A Coruña número 2 para dirimir el incidente concursal que promovieron los herederos de Isaac Díaz Pardo, cofundador con Luis Seoane del proyecto, hoy inmerso en una profunda crisis por graves errores de gestión y diferencias entre los socios que le llevaron al concurso de acreedores hace un año.

Los hijos del artista reclaman al resto de los accionistas unos seis millones de euros por los derechos de propiedad intelectual de su padre y los de su hijo Camilo Díaz Arias; por el incumplimiento del convenio con el Seminario de Sargadelos, y una serie de efectos personales de Díaz Pardo y de su mujer, que están depositados en las fábricas.

Esos seis millones fue la cantidad con la que se personaron en el concurso como acreedores, aunque el administrador concursal consideró que este pasivo, de ser reconocido, no podía serlo como deuda ordinaria y el grupo Sargadelos recurrió la personación de la familia, por lo que el juez determinó que el conflicto se resolviese en la sala de vistas. Camilo, José y Rosendo Díaz Arias decidieron agrupar sus reclamaciones en tres demandas diferenciadas, cuyos juicios quedaron ahora aplazados durante al menos 40 días. Los representantes del presidente de Sargadelos y máximo accionista en la factoría de Cervo, Segismundo García Sineiro; la familia Vázquez y los Díaz Pardo y del grupo de empresas se reunieron en varias ocasiones durante las últimas semanas sin llegar a un acuerdo pero finalmente pactaron "verbalmente" aplazar los juicios y continuar con las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial.

A las demandas de los Díaz Pardo se une la presentada por Segismundo García contra once miembros del consejo de Fábrica de Cerámicas de Sargadelos y Fábrica de Cerámicas O Castro entre 2000 y 2007. Les acusa de derivar dinero de las factorías al Instituto Galego de Información (IGI), una de las entidades fundadas por Díaz Pardo y vinculadas al grupo entre 2000 y 2007. Entre los denunciados que fueron a declarar en el juzgado de Viveiro por estos hechos están los socios de García en las factorías, la familia Vázquez, los hijos de Díaz Pardo y el abogado Santiago Sineiro o Javier Remeseiro, responsable de Recursos Humanos.

Los herederos de Díaz Pardo advirtieron tras la presentación de las demandas que no buscan dinero sino defender el legado de su padre y que en caso de que las empresas se vean abocadas a la liquidación, tener la opción de incrementar su peso accionarial en las firmas para mantener vivo el proyecto de los fundadores. Y es que de verse reconocida su deuda, serían los primeros acreedores, por delante incluso de las entidades financieras, y de reclamar su pago en efectivo convertirían la supervivencia de las empresas en una misión imposible.