El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, impuso, a petición del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, una fianza de 18 millones de euros como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, según informaron ayer fuentes jurídicas.
El magistrado madrileño también dejará sin efecto, en caso de que el también expresidente de Bankia deposite la caución, la medida dirigida a evitar la venta de sus bienes muebles: un asiento registral para que constara en el registro de la propiedad que parte de su patrimonio estaba sujeta a una investigación judicial.
Rato reclamó depositar la cantidad que estimara oportuna el instructor con la finalidad de tener acceso a sus cuentas. Tras la petición, el juzgado informó de la solicitud a la Fiscalía Anticorrupción, que se mostró favorable a aprobar la medida.
Esta decisión, al igual que la congelación de sus depósitos, estaba destinada a evitar que Rato pudiera practicar una enajenación de sus bienes tras los indicios que apuntan a que cometió alzamiento, además de cinco delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Esta es la tercera fianza impuesta al exvicepresidente del Gobierno en un procedimiento judicial después de las fijadas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la salida a Bolsa de Bankia y el uso por exdirectivos de tarjetas opacas al Fisco.
Rato hizo frente a la fianza civil de tres millones de euros impuesta por utilizar las tarjetas black y tiene pendiente abonar la parte que le corresponde de los 34 millones fijados por Andreu por la salida a Bolsa de Bankia, que comparte de forma solidaria con otros tres miembros de la cúpula directiva y la propia entidad.
Detención
El exvicepresidente fue detenido durante unas horas el pasado 16 de abril tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid ante el juzgado de guardia de plaza Castilla. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron durante dos días su despacho y su domicilio para buscar indicios de delito. La causa ha sido declarada secreta.
Solo dos días antes salió a la luz que el que fuera presidente de Bankia -y director gerente del Fondo Monetario Internacional- formaba parte de los 705 contribuyentes españoles que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 para regularizar su patrimonio.
El exministro de Economía del Gobierno de Aznar deberá afrontar en los próximos meses las causas abiertas en su contra, desde la gestión de la entidad financiera nacionalizada por el Ejecutivo -su salida a Bolsa y el uso de las tarjetas opacas- hasta la gestión personal de su patrimonio.
