Aunque la hipótesis con la que las fiscales de Anticorrupción hilan su acusación contra los antiguos directivos de las cajas gallegas por sus prejubilaciones nace de un "plan preconcebido" entre ellos para "introducir mejoras" en sus condiciones laborales y "preparar su previsible" salida de la entidad antes incluso de la fusión, lo cierto es que desde el arranque del juicio en la Audiencia Nacional el pasado lunes las dos ponen el foco en "las cartas" en las que, mucho después, a finales de julio de 2011, los imputados recuerdan que existe la posibilidad de desistir de sus contratos ante la inminente conversión en banco, aprobada ya por los órganos de decisión de Novacaixagalicia. "No son cartas, ni siquiera están firmadas", matizó José Luis Pego durante su turno ayer en las declaraciones. El exdirector general explicó que se trataba de "un planteamiento" del Banco de España. Entre "los diez documentos" incorporados en la causa que demuestran el conocimiento de los contratos por parte del supervisor hay uno que, precisamente, recoge la comunicación del impacto económico de las posibles liquidaciones.

El organismo había pedido que la caja provisionara los 28 millones en los que se estimó el coste. "Pero como nadie está pensando en desistir, se habla con el Banco de España para sustituir la dotación por unos avales bancarios. Le repito que no son cartas, es un planteamiento para evitar la dotación", subrayó Pego ante la fiscal Concepción Nicolás, como "otro" de "los errores de la instrucción" que abrió el camino al juicio. Con varios de esos presuntos fallos como telón de fondo, el elegido para encauzar el matrimonio de las cajas defendió la legalidad de las prejubilaciones y que su marcha la provocó José María Castellano, presidente de NCG, porque era "una condición sine qua non de los fondos norteamericanos" que dijo que traía para recapitalizar la entidad.

"Si quisiera irme, lo podría haber hecho mucho antes", avanzó. Uno de esos "errores" que "se ha ignorado hasta ahora", volvió a remarcar Pego. La reforma de la ley de cajas de Galicia de enero de 2010 impulsada por PP y BNG impuso una renovación de asambleas y consejos de las dos viejas entidades de ahorro, y ésa era una de las posibles razones de renuncia entre los altos cargos. Si se hubiese ido entonces, entre enero y septiembre de 2010, antes de la fusión, "la liquidación habría sido mayor".

"Basta una calculadora y unas operaciones de suma y resta para comprobarlo -incidió Pego-. Decir que estoy preparando mi salida y además para beneficiarme es? erróneo". ¿Y después? "¡Pero si me habían nombrado director general!", enfatizó.

Al igual que los imputados que le precedieron ante las fiscales, José Luis Pego repitió que el contrato que firmó con motivo de la integración contaba con los mismos derechos que el que traía de Caixanova, de 2005, y que cumplía con los requerimientos de política retributiva fijados en el acuerdo con el FROB para los 1.162 millones de euros del préstamo con el que se alumbró Novacaixagalicia. "Estoy tranquilo ante cualquier normativa de cualquier tipo porque los asesores internos, los externos, el Banco de España y el FROB nunca dijeron nada en contra -afirmó-. Hay nueve dictámenes jurídicos entre las pruebas y todos dicen lo mismo".

Ya durante su comparecencia en la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento gallego, el que fue máximo responsable de la entidad gallega perfiló que su salida no fue voluntaria. Su relato de ayer de la conversación con José María Castellano el 9 de septiembre de 2011 fue todavía más allá. El presidente de NCG, con el que acababa de compartir una sesión de trabajo junto a otra treintena de directivos de la división comercial y financiera en la que el propio Castellano mostró expresamente su acuerdo con las decisiones que se tomaron -"Lo que diga el director general", respaldó, según Pego-, le llevó a su despacho para comunicarle "una mala noticia". Los fondos norteamericanos, "Elliot, aseguró concretamente", que iban a tomar una participación de 500 millones en el banco ponían como requisito ineludible "que García de Paredes y yo abandonáramos". "Castellano apuntó que no era por mi gestión, que no la conocían, sino porque querían caras nuevas por la imagen que tenía el sector de las cajas", contó Pego. Ante la posible prejubilación, "Castellano fue claro: los contratos están para cumplirse". Lo que no se cumplió, señaló Pego, fue la decisión conjunta que habían alcanzado de que en la nota de prensa que comunicó su marcha evidenciara que la decisión era "por causas ajenas a su voluntad". "Yo -se quejó- no desistí". Tampoco se llevó a cabo "el acuerdo" de devolución de parte de los casi ocho millones de su liquidación. "Porque conmigo también había uno -anunció- pero Castellano me dijo que le afectaban estas diligencias judiciales y no podía plasmarse".