Aunque José María Castellano, como él mismo contó el pasado lunes en la Audiencia Nacional, no contó al Banco de España hasta el 7 de septiembre de 2011 y luego a José Luis Pego el fichaje de un nuevo consejero delegado, César González-Bueno ya sabía que iba a ser él desde el mes de junio. El exresponsable de ING confirmó que Javier García de Paredes y Castellano decidieron "de mutuo acuerdo" la salida del exdirector adjunto ante una discrepancia con él sobre de quién debía depender. A partir de ahí, cuando los pagos salen a la luz, le toca intentar llegar a un acuerdo con los antiguos directivos "para la renuncia de algo que nosotros considerábamos legal y que tenía la conformidad de legalidad de los servicios jurídicos del banco". "Una negociación para restablecer...", empezó a explicar. "Para restablecer la calle, la alarma social", le interrumpió el juez que preside el caso, Alfonso Guevara. "Efectivamente", coincidió González-Bueno.

El que fue consejero delegado de NCG ratificó además que no solo había un preacuerdo con García de Paredes atado. También con Pego. En este segundo caso, "el Banco de España le recomendó que lo hablara con el FROB y por eso no fue adelante". Ambos iban a renunciar a un 50%, "que era una cifra muy sonora".

Presión del Banco de España

César González-Bueno insistió en la idea en que tanto él como Castellano no querían presentar la demanda laboral. "No tenía sentido", dijo, por "la legalidad contrastada" y porque además la liquidación de García de Paredes era un acto del propio banco. "El FROB y el Banco de España empujan a hacerlo", dijo.