La embotelladora de Coca-Cola en España, Coca-Cola Iberian Partners, anunció en junio la reapertura de la fábrica de Fuenlabrada como centro logístico para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado a 1.216 trabajadores y el cierre de cuatro factorías -la madrileña y otras tres-, con lo que daba por cerrado el conflicto laboral. Los sindicatos, sin embargo, ya advertían entonces de que el problema no había acabado. Y así es. Trabajadores afectados por el ERE han denunciado a Coca-Cola Iberian Partners en los juzgados después de que el Servicio Público de Empleo (SEPE) les anunciase que el mes de junio será el último en el que percibirán la prestación por desempleo. La decisión deriva de que, al declararse nulo el despido colectivo, la embotelladora debería readmitir a los trabajadores o llegar a acuerdos individuales con ellos para que puedan causar baja en la empresa. Como Coca-Cola Iberian Partners no se puso en contacto con ellos, los afectados, entre ellos exempleados de la planta coruñesa de Begano, denunciaron a la compañía.

"La mayoría de los trabajadores en esta situación estaban de acuerdo con el ERE, porque el mayor rechazo se produjo en Madrid, pero la anulación les obliga a esta nueva batalla judicial", explica la abogada Catarina Capeáns, de Iglesias Abogados, que representa a una decena de trabajadores de Begano. La letrada, sin embargo, sostiene que la mayoría de afectados coruñeses por el ERE -en total estaban incluidos más de 100- se encuentran en esta situación. "El problema de una demanda laboral de estas características es que los trabajadores pueden pasarse meses sin cobrar, al haberse quedado sin las prestación, por lo que su situación económica se complica", relata Capeáns. De hecho, el primer señalamiento de las demandas presentadas por Iglesias Abogados contra Coca-Cola Iberian Partners está marcado para el próximo enero.

La decisión del Supremo de tumbar el ERE de la envasadora de Coca-Cola en España provoca que el SEPE deje de pagar las prestaciones por desempleo a los afectados desde el 30 de junio -la última mensualidad que cobrarán será la de junio, en estos primeros días de julio- y que reclame a la compañía los pagos realizados a los trabajadores desde que aplicó el despido colectivo y las cotizaciones sociales que corresponderían por esos meses como si los empleados siguiesen en plantilla. Coca-Cola Iberian Partners también tendrá que abonar a los afectados por el ERE la diferencia entre lo que percibieron como prestación por desempleo y el salario que cobraban en la compañía.

Otro quebradero de cabeza para los trabajadores afectados por el despido colectivo es la indemnización cobrada en el momento de abandonar la firma, en algunos casos sumas importantes, que podrían conllevar, si se entiende que la baja se hace efectiva ahora, "un gran desembolso" a Hacienda en la tributación del IRPF.