Las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias de Abanca no tendrán que abandonar su vivienda si pagan un alquiler social que no sobrepasará los 75 euros al mes, para cuyo abono contarán con ayuda de la Xunta. Este fue uno de los compromisos asumidos ayer por la principal entidad financiera de Galicia, que además cederá al Gobierno autonómico 100 viviendas vacías para poner a disposición de familias sin recursos. Abanca ya había cedido antes 50 pisos de la Sareb (banco malo). El alquiler a pagar en este caso es de 125 euros al mes como máximo.
La Xunta y Abanca suscribieron ayer el convenio. "Este acuerdo marca el inicio de la erradicación de los desahucios", proclamó ayer el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras su firma. Feijóo adelantó que rubricará acuerdos similares con otros bancos en las próximas semanas para aliviar la situación de quienes todavían no notan "la recuperación económica que se acaba de iniciar". El acuerdo forma parte del Plan social de lucha contra la desigualdad económica, que activó el Ejecutivo gallego tras las municipales.
También tras ganar las elecciones el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, se reunió el jueves pasado con los responsables de Abanca para pedirles la cesión de viviendas vacías para personas sin recursos.
El giro social emprendido por la Xunta incluye la exención del copago farmacéutico a 100.000 gallegos, una rebaja en los impuestos autonómicos al reducir un 15% el valor que se usa de referencia para gravar los inmuebles y un cheque de 50 euros para material escolar que beneficiará a 70.000 familias.
El vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, reivindicó "la sensibilidad" de su entidad para con los deshauciados y detalló medidas anteriores ya puestas en marcha por el banco gallego para reducir los casos. "No somos indiferentes al drama social que supone, pero también un deshaucio nos obliga a gestionar un activo, el inmueble, que en principio nos es ajeno", explicó Escotet.
El vicepresidente de Abanca expuso además que ya había 200 viviendas vacías de la entidad en el Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central con el mismo objetivo que la Xunta.
